Ernesto Osorio
“Cuando el río suena, es que agua lleva” reza un conocido refrán y la frase podría aplicarse a los recientes hechos que se han suscitado al interior del poder judicial, en el que al parecer el Presidente Andrés Manuel López Obrador logró doblar a jueces y magistrados quienes hasta hace unos meses guardaban profundas diferencias con el Ejecutivo federal.
Desde el arranque de su administración, el mandatario mexicano dejo claro a los miembros del Poder Judicial que no dejaría pasar la oportunidad de cerrar la pinza para que al igual que sucede en el Poder Legislativo, el titular del Ejecutivo pueda tener una cómoda mayoría de Ministros a su favor para consolidar su proyecto político.
Nadie puede dudar que la inesperada renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora, quien fungía como contrapeso al interior de la Suprema Corte de Justicia, fue producto de las presiones que López Obrador ejerció sobre los integrantes de la Corte para eliminar los obstáculos que ya se habían convertido en una piedra en el zapato para el primer mandatario. Recordemos el rechazo que mostraron los juristas de toga y birrete a las reformas legislativas que impusieron la austeridad en la esfera pública. Luego, vinieron los primeros amparos e impugnaciones a diversos proyectos de la administración federal, principalmente el del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco.
Dicho aplazamiento, fue precisamente la gota que derramó el vaso del gobierno federal y que empujó que se dieran a conocer las investigaciones que se realizan a diversos contratos y movimientos financieros de dudosa legalidad que realizó el Ministro Medina Mora en bancos del extranjero. ¿Qué vino después?
Curiosamente, a una semana de la renuncia del Ministro, el juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México Juan Carlos Guzmán Rosas que el pasado 15 de agosto había ordenado suspender cualquier construcción en la Base Aérea de Santa Lucía en atención a uno de los juicios de amparo que promovió el colectivo #NoMasDerroches, vinculado al empresario Claudio X. González, revocó dicha suspensión, no obstante los argumentos que había esgrimido previamente sobre la inseguridad que representa realizar obras en ese lugar.
¿Qué le habrá mandado decir al juez el gobierno federal, como para cambiar de opinión en tan pocos días? Lo desconocemos pero debió ser algo muy serio como para que el impartidor de justicia modificara tan súbitamente su resolutivo.
Pero la ingerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial no quedará ahí. Con la salida del Ministro Medina Mora, a quien seguramente veremos pronto atender las denuncias en su contra desde el extranjero, López Obrador tiene la oportunidad de completar a los Ministros necesarios para consolidar la legalidad todos los proyectos de su administración, pues al Presidente le corresponderá proponer al nuevo Ministro o Ministra que sustituya a Medina Mora.
Recordemos que en enero de este año, López Obrador logró ya colocar a Juan Luis González Alcántara Carrancá y a Yasmín Esquivel Mossa, como nuevos Ministros de la SCJN, por lo que la propuesta que se discuta en el Senado en estos días será la tercera persona propuesta por el Presidente.
La cuarta propuesta del mandatario se hará en 2021, cuando el ministro José Fernando Franco González Salas concluya su periodo y con ello, AMLO tendrá una ligera ventaja para afianzar sus proyectos.
Entre los pendientes a definir, están los resolutivos a varias impugnaciones interpuestas a proyectos relevantes de la actual administración, como son las leyes de la Guardia Nacional y Extinción de Dominio, la desaparición del Programa Estancias Infantiles, la reconfiguración del Fondo Minero, la legalidad de las figuras de los Súper Delegados, la comisiones Presidenciales y las controversias por reducción de salarios a órganos autónomos.
En casi todos estos casos, el Gobierno solo requiere cuatro votos para evitar que se declare la invalidez de estos proyectos y lo más seguro es que puedan resolverse de manera favorable para el Presidente de la República.
Una vez más, la incongruencia y el doble discurso oficial se hace presente y la división de poderes que obliga nuestra Carta Magna podría quedar aniquilada. En la conciencia de los siete Ministros que no deberán a AMLO su cargo, está la última palabra.
