Ernesto Osorio
La aseveración no es fortuita, y quizá a nadie sorprenda, pero la frase busca ser una provocación a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que reflexione sobre su equipo, que tal parece que a más de un año de haber llegado a tomar las riendas de esta capital parecen no haber entendido el tamaño del reto que implica gobernar a una de las ciudades más grandes del mundo.
La semana pasada, El Proyecto de Justicia Mundial (WJP) que es una asociación internacional que reúne a diversos líderes, activistas y defensores del Estado de Derecho en todo el mundo, dio a conocer su informe anual correspondiente a México para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la forma en que el gobierno federal y los gobiernos de los 32 estados garantizan a la población el acceso a un Estado de Derecho y de justicia social.
A un año de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el informe mundial reportó que nuestro país registró en el último año un deterioro drásticamente significativo en el factor que mide el orden y la seguridad al ubicarse en el lugar 108 de 128 países.
A nivel local, la Ciudad de México coincide con la tendencia a nivel nacional. Sin embargo, son de llamar la atención los índices que registra de percepción en todos los capitalinos, los problemas de corrupción y seguridad.
El índice señala que la ciudadanía percibió la existencia de sobornos, influencias indebidas en el gobierno y el desvío de recursos públicos en mayor medida en la Ciudad de México. Es la entidad número uno en corrupción de acuerdo con los resultados del conteo, superando a Chiapas, Guerrero, el Estado de México y Jalisco.
En cuanto a la aplicación efectiva de la ley en temas como salud pública, seguridad en el lugar del trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales, los peor evaluados fueron Tabasco, Chiapas, la Ciudad de México, Sonora y Morelos. Se trata de los estados donde menos se respetan las leyes y se violan discrecionalmente. Vinculado a lo anterior, la percepción de la inseguridad se incrementó en el último año entre los capitalinos al pasar del lugar 26 al 28 dentro del rango de los 32 estados, superando incluso en percepción a los ciudadanos de Sinaloa, Jalisco o Tamaulipas.
Es cierto que apenas es un año el que llevan al frente, pero los problemas que le han estallado a la Jefa de Gobierno en los últimos días revelan que la inercia y los malos hábitos en el ejercicio del poder prevalecen y los ejemplos saltan a la vista: “la cadena de negligencias” cometidas por el Ministerio Público al integrar la carpeta de investigación sobre la desaparición y muerte de la niña Fátima -que por cierto siguen sin conocerse cuales fueron y que prometió el gobierno hacer públicas- y la sospecha sobre el ejercicio indebido del presupuesto para el Metro a la luz del trágico accidente del pasado martes en la Línea 1 y que dejó un muerto y 41 lesionados.
Es innegable la falta de conocimiento, pero sobre todo de compromiso y liderazgo al frente de los cargos que ocupan, las que han puesto en entredicho la permanencia de la fiscal Ernestina Godoy y de la Directora del Metro Florencia Serranía, dos servidoras públicas que se han visto más que rebasadas en su capacidad para controlar y poner orden en las dependencias que encabezan.
Es momento de que la doctora Sheinbaum haga una revisión al trabajo que ambas han desempeñado y aunque en el primero de los casos la Jefa de Gobierno no cuenta ya con facultades para poder remover del cargo a la fiscal, bien haría acercarse con ella para convencerla de retirarse y, juntas, busquen el auxilio de un especialista en temas de corrupción y acceso a la justicia para llegar al relevo.
En el segundo de los casos, buscar dentro del ámbito académico y técnico-científico a un mejor perfil para la titularidad del transporte más importante que tiene la ciudad de México, no le resultaría complicado a la doctora Sheinbaum, Incluso, el costo político sería mínimo pues al hacerlo se vería solidaria con la población que a diario se mueve en este servicio y se sacudiría el reclamo de los aprovechados lideres de la oposición, que al igual que sucedió con los feminicidios, solo buscan lucrar políticamente con la tragedia.
El reporte del WJP no es un documento para dejar en el cajón. Representa la voz de los capitalinos que fueron encuestados por una asociación ajena a los intereses políticos o de cualquier especie que demuestra que los habitantes no confían en la forma como se enfrenta la inseguridad y la corrupción. En la confianza está el peligro, y el exceso de buena fe nos conduce con frecuencia al daño y los hechos a los que nos hemos referido son un claro ejemplo de ello.
Ahora, nos dirigimos hacia una etapa en la cual las autoridades del gobierno de la CDMX y el gobierno federal requerirán de toda la confianza a su favor. Deben dejar de lado su convicción política pues enfrentar una emergencia sanitaria como la que se avecina por la presencia del Covid 19 requiere de todo el apoyo de la gente para evitar que esta pandemia ocasione daños irreparables y socave aún más la confianza hacia el Estado de Derecho.
La última palabra esta en la gobernante de esta capital quien ya perdió una oportunidad de recuperar esa confianza al cercar el zócalo y ausentarse de la marcha del pasado 8 de marzo. Ojalá recapacite que su compromiso es con quienes representa, y no solamente con su vecino y padrino político.
