La Ley Federal de Austeridad Republicana, recoge en esencia, todas las ofertas hechas por el presidente López Obrador desde su campaña, destacándose lo relativo a los gastos superfluos o que son considerados como innecesarios en la administración pública.
El término austeridad, ha sido de los más recurridos por quienes encabezan los gobiernos en diferentes partes del mundo, y se ha vuelto un concepto muy popular, porque en todos lados existe la creencia que los dineros públicos son desperdiciados por los políticos, y que ese despilfarro, bien podría destinarse a otras áreas mucho más importantes para la ciudadanía.
Si bien es cierto que el término invita a la esperanza y evoca, en muchos sentidos, sensaciones de justicia y eficacia en el servicio público, también lo es que, para muchos analistas económicos, el término representa un riesgo, ya que, en muchos países, la austeridad ha terminado por convertirse en carestía, un término a todas luces, negativo.
En términos económicos, la austeridad se resume a un proceso de ajuste basado en un menor gasto público, lo que, aunado a una mejora en los sistemas recaudatorios, y a un decidido control inflacionario, contribuirá a elevar la competitividad, y a una reducción de la deuda, a un eficiente control de los déficits y eventualmente, a un efecto multiplicador de beneficios colectivos y de recuperación de la confianza en su gobierno.
Una de las estrategias que se han puesto en marcha en la cuarta transformación, ha sido la desaparición de organismos considerados como innecesarios desde la concepción ideológica del presidente, o la concentración de funciones de varias dependencias, en una sola. La desaparición de las delegaciones federales, de algunas oficinas del SAT, de muchas embajadas y oficinas de representación de México en el exterior, son algunos ejemplos.
Por otra parte, la política, por decirlo claramente, se ha construido bajo expectativas efectistas, pero poco significativas en términos globales, por ejemplo, la supresión de la pensión a los expresidentes. Un ejercicio ampliamente respaldado por la ciudadanía, pero que, en realidad, representa imperceptible en términos de finanzas públicas. Otro ejemplo claro de ello es la reducción de salarios de los altos mandos de la burocracia, o la supuesta “quita de aguinaldos” que se llevará hipotéticamente a cabo en breve.
Decíamos al principio, que los críticos de la austeridad, argumentan que se pueden generar riesgos como la carestía, y están utilizando un ejemplo y sensible: la licitación de medicamentos más grande en la historia de nuestro país, ha generado problemas de desabasto, y si bien es cierto que ahorraremos una buena cantidad de dinero, la posible afectación puede resultar más cara por la carencia de medicamentos en lo que se concreta el proceso de compra de los mismos; lo que se ha venido agravando por la pandemia.
En lo personal, considero que es correcto fomentar la austeridad cotidiana para contar con mayores recursos para destinarlos a temas de mayor importancia, pero dudo mucho que esos temas sean el fortalecimiento de la entrega de apoyos sociales, ya que ello no garantiza un efecto multiplicador en nuestra economía y podría convertir la austeridad en austericidio como sugieren algunos colegas.
