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3 años agoon
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Pablo TrejoA diferencia de lo que podríamos pensar, existen dos conceptos en economía pública, que cuesta trabajo de comprender, porque en realidad las comprenderíamos diferente en la vida cotidiana.
Se trata del gasto programable y del gasto No programable. Cuando se trata de hablar de nuestras finanzas personales podríamos pensar que es opcional que destinemos tal o cual cantidad a cubrir alguno de los conceptos en los que ordinariamente gastamos. Podríamos pensar que el hecho de pagar nuestra tarjeta de crédito es una decisión que podemos programar. Cuanto pagar, cuando hacerlo, o cuanto dejar de pagar, es una decisión programable.
No podemos programar, en todo caso, un imponderable como la pinchadura de una llanta. Esa es nuestra concepción personal de gasto programable o no programable. En el sentido de las Finanzas Públicas, cuando ubicamos el concepto de Gasto No Programable, se hace referencia al “Gasto obligatorio” es decir, aquel que es ineludible para el gobierno, es decir, es algo que no se puede programar por que se tiene que gastar. En contraparte, el gasto programable, es aquel que en dado momento o circunstancia se puede programar o modificar por que no está sujeto al mismo concepto de la obligatoriedad.
Lo anterior es importante en materia de finanzas públicas, porque dispone de una gran cantidad de recursos que de entrada son obligatorios para cumplir por la hacienda pública. En el presupuesto para el año 2021, la madrugada del pasado viernes, la Cámara Baja aprobó un gasto total de gobierno por 6 billones 295,736 millones de pesos, lo que resulta en 0.3% menos que lo que se aprobó en el PEF del 2020. (Eso puede explicarse por la expectativa menor de captar ingresos por la baja recaudación). De este monto, 73% se irá al gasto programable, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población.
En tanto, los 1.6 billones de pesos restantes serán para el gasto no programable, el cual se destina al cumplimiento de obligaciones que tiene el gobierno como pagos pendientes, gastos relacionados con la deuda y los recursos que se transfieren a las entidades federativas. 1.6 billones representan 27% del total.
Por la elevada cantidad, y la necesidad del ejecutivo de allanarse de recursos, la Cámara de Diputados se vio en la necesidad de compensar esa disminución, reduciendo el gasto en otros conceptos no tan prioritarios, como los ramos autónomos. De los ramos autónomos que sufrieron reducciones respecto a la propuesta original, la mayor disminución es para el poder judicial, con 1,130 millones de pesos, con lo cual su presupuesto quedaría en 71,299 millones de pesos.
En el caso del Instituto Nacional Electoral, la reducción de su gasto respecto a la propuesta es de 870 millones, mientras que en el Consejo de la Judicatura Federal será de 866 millones. En contraparte, la gran ganadora de las reasignaciones es la Secretaría de Bienestar la cual tendrá un incremento de 1,754 millones de pesos en su presupuesto. De esta manera, el gasto de la Secretaría del Bienestar llegará a 191,724 millones para 2021. Están claras las prioridades de la administración.
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