En 1997 entró en vigor la Reforma al Sistema de Pensiones en nuestro país, pero resulta que “la generación Afore” como se le conoce en el medio financiero a todos aquellos que se jubilarán a partir de 2021, enfrentará problemas no esperados, y eso se debe a que sólo 24% de ellos, cumple los requisitos para hacerlo, porque el resto no ha logrado cubrir las 1,250 semanas de cotización como se estableció desde el inicio. Además, una buena parte de los que sí podrán retirarse recibirá una pensión de sólo 3,200 pesos al mes, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad económica, potenciada por la crisis del Covid-19.
En la Cámara de Diputados se trabaja en un Dictamen refundar el Sistema, con dos objetivos muy claros: garantizar la cobertura necesaria y mejorar la cantidad de recursos que recibirán mes a mes su pensión. En un análisis del Seguro Social, observamos que, las condiciones de informalidad del mercado laboral impiden que 76% de las personas que cumplen 60 años acumulen 1,250 semanas registradas en el IMSS, y obviamente, sin poder cumplir con ese requisito, no pueden obtener una pensión.
El segundo punto de análisis del IMSS, se refiere a la cantidad que recibirán los pensionados. Del 24% que completará las semanas necesarias en el 2021, 17% tendrá una pensión mínima garantizada, cuya cantidad es de apenas poco más de 3,200 pesos mensuales. Para que contemos con un punto de referencia, El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estima que el costo de la canasta básica alimentaria y no alimentaria es de más de 9,100 pesos al mes, por lo que los nuevos jubilados solo podrían cubrir la tercera parte de sus necesidades elementales.
Una de las soluciones propuestas, es la de disminuir el umbral de semanas cotizadas, de 1,250 a 1,000, a la vez de aumentar la aportación patronal de 5.15 a 13.87 por ciento. Lo último representaría una carga muy fuerte para la parte patronal, pero serviría para eliminar la costumbre de registrar salarios formales en los niveles mas bajos de cotización, lo que al final, golpea a los pensionados.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda, ha puesto tres puntos sobre la mesa: en primer lugar, que quienes no logren cotizar ni siquiera las 1,000 semanas, puedan retirar el dinero que acumularon en parcialidades; el fomento del ahorro voluntario para que, a través de los estímulos adecuados, las personas trabajadoras destinen una mayor parte de su salario a su cuenta individual, y limitar las ganancias de las administradoras de Fondos para el Retiro para que cobren comisiones más bajas por manejar el dinero de sus clientes.
La realidad es que el contexto de la pandemia, ha obligado a todos a poner la mayor de las atenciones en el tema, ya que para el 2027, el gasto destinado al pago de pensiones, podría llegar a 6.5% del PIB, y el creciente desempleo por el cierre de empresas, hará que muchísimos mexicanos en edad de pensionarse, no logren nunca llegar a las semanas de cotización necesaria. Urge un nuevo modelo que, ojalá deje a todas las partes satisfechas, aunque quienes menos injerencia tendrán, seguramente seremos los ciudadanos.
