El 5 de diciembre de 2018, al tomar posesión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México ante el Congreso local, Claudia Sheinbaum anunció la desaparición del Agrupamiento de Granaderos de la policía capitalina, por considerarlo un cuerpo represor.
Ante los diputados capitalinos, la funcionaria culpó a los uniformados de la represión estudiantil de 1968 y 1971, y juró que nunca más los cuerpos de seguridad actuarían en contra de la población civil.
A casi tres años de aquella promesa, y aunque jura y perjura que ese agrupamiento ya no existe, sus policías antimotines han reprimido, una y otra vez, lo mismo a grupos feministas y colectivos sociales que a los alcaldes y diputados de oposición electos el pasado 6 de junio.
Los alcaldes intentaban llegar al Palacio de Donceles, donde se realizaría el último periodo extraordinario de sesiones de la actual legislatura, cuyos diputados intentaban aprobar reformas constitucionales para restarle facultades a los gobernantes que asumirán su cargo en un mes.
El partido oficialista empujó de última hora un último periodo legislativo, a fin de aprovechar la ventaja numérica que hasta hoy tienen en el Congreso local, porque a partir de mañana la nueva Legislatura estará dividida prácticamente entre aliados de la 4T y la oposición.
Como sabían que los morenos intentarían utilizar su maquinaria para aprobar los cambios constitucionales y restarles facultades, los nuevos alcaldes se dirigieron a Donceles, pero policías antimotines —que fueron desplegados desde la madrugada— les impidieron el paso.
Entre los jaloneos, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, sufrió un corte en la nariz ocasionado por el escudo de un policía; su compañero Mauricio Tabe dijo haber recibido descargas eléctricas por parte de otro uniformado.
Éste fue el estreno de Martí Batres como secretario de Gobierno, de quien se pensaba que con los años había madurado y dejado atrás la bien ganada fama de porro, que desde sus tiempos como activista del CEU —donde conoció a Claudia— viene arrastrando.
La jefa de Gobierno, por su parte, incumplió de nuevo su promesa de no reprimir; decidió usar el garrote en lugar de acceder al diálogo que desde hace más de dos meses le han demandado los alcaldes de oposición electos.
Al intentar zafarse de los señalamientos opositores, Batres llegó a decir: “Nosotros no fuimos”. Olvidó que ahora es parte del gobierno, y que una de sus responsabilidades es la coordinación con los partidos políticos y sus representantes.
Al final, la presión de los opositores logró impedir que Morena y sus aliados se salieran con la suya, aunque les haya costado sangre. Qué triste que quienes fueron perseguidos por las autoridades en sus épocas de activistas, hoy, que están en el gobierno, actúen de la misma forma.
A Claudia le pidieron diálogo y respondió con el garrote.
Por cierto, vaya desvergüenza de la exdelegada por Milpa Alta, Guadalupe Chavira, quien apenas había rendido protesta como diputada federal de Morena, se presentó a Donceles a votar con su partido, pues dice que en San Lázaro todavía no inician oficialmente los trabajos, por lo que sigue ejerciendo como diputada local. Quién le diría a Chavira que puede dobletear como legisladora local y federal al mismo tiempo, sin que tenga algún impedimento legal. Vaya desconocimiento de la ley; esas son las personas que hacen las leyes y reglamentos de este país.
