El pasado jueves, el presidente López Obrador, envió al Congreso de la Unión, una iniciativa que pretende reformar los artículos 25,27 y 28 constitucionales, con el objetivo de “reordenar” integralmente al sector eléctrico del país y con ello fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, cuyo titular es el polémico Manuel Bartlett.
Lo más importante de la iniciativa, radica en que el mercado se dividirá a razón de 54 por ciento para el sector público y 46 por ciento para el sector privado, siempre y cuando, y este no es un asunto menor, éstos, vendan lo que producen a la misma CFE.
En la actualidad, un número importante de empresas producen su propia energía, ya que les resulta mucho más barato que comprarla, y con ello se generan condiciones más
favorables en sus cadenas de insumos. Con la reforma, además de extinguir los permisos
que se han dado al sector privado para la generación de electricidad, se termina también
con las denominadas sociedades de autoabasto, que se integran por grupos de empresas
que se unen para generar y consumir entre ellos la energía que producen.
Durante su tercer informe de gobierno, López Obrador dijo textualmente que “vamos a
impulsar una reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la
privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esta
industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y, sobre todo,
extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas”, así que la propuesta no sorprendió a nadie.
La propuesta se basa en un principio económico inobjetable, pero tergiversado: Cuando
los privados producen energía eléctrica, lo hacen a un costo inferior a lo que lo hace
nuestra “empresa de clase mundial”, lo que ocasiona que las empresas paguen menos
por la luz que los consumidores del pueblo mexicano, y entonces la respuesta en la lógica
de la 4T es sencilla: cancelemos la posibilidad de que los privados “auto-consuman” y con la obligatoriedad de venderle a la CFE, todos terminaremos por pagar el mismo precio. Justicia Divina.
Adicionalmente, la iniciativa prevé “desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y las subsidiarias de la CFE en materia de generación” y plantea que el Centro Nacional de Control de Energía, que garantiza la distribución y las tarifas del sector eléctrico, pase a formar parte de la CFE, pero que nadie se confunda, pues según el Secretario de Gobernación, no se trata de una
“nacionalización del Industria”.
Un dato resulta fundamental: Para que las reformas sean aprobadas, se requerirá de que
vote una mayoría calificada en el Congreso, lo que requeriría necesariamente el concurso
del Partido Revolucionario Institucional o de Acción Nacional, lo que al menos a estas
alturas del partido, luce improbable, a menos de que pronto nos enteremos que en
paralelo se aprobaran otras reformas del interés de estos partidos, lo que representaría
una nueva edición del “Pacto por México”.
