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Economía para Principiantes

Las obras gubernamentales son cuestión de Seguridad Nacional

En los próximos días veremos como se desarrollan las reacciones al ya llamado“decretazo”.

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Un decreto consagra el interés público de los proyectos considerados estratégicos, lo que protege la información relacionada con infraestructuras. El Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo que blinda los proyectos cuya realización esté a cargo del Ejecutivo.

El texto hace referencia a las infraestructuras “de los sectores: comunicaciones, telecomunicaciones,
aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Las obras más emblemáticas impulsadas por el mandatario, que el próximo 2 de diciembre llegará al ecuador de su sexenio, son el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.

El presidente ha defendido el propósito de la iniciativa afirmando que “lo que se busca es agilizar trámites burocráticos para que no se detengan las obras” y dar seguridad y confianza a las empresas. El decreto refuerza la protección de estas obras también en lo que concierne a la publicidad, los datos o la información relacionada con ellas. Es decir, las solicitudes de trasparencia contempladas por la ley, ya no serán como antes, ya que la Constitución establece abiertamente una excepción.

Queda la duda de si oponer las obras, por ejemplo como el Tren Maya (enfocadas al turismo) puede ser catalogado como un peligro para los intereses nacionales. El gobierno parece responder que sí en base a tres consideraciones:

1. El acuerdo publicado resalta que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas”.

2. Se señala que “los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”. Por ello, precisamente, López Obrador califica “de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la
infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos”.

3. Finalmente, el decreto da instrucciones a las dependencias y entidades de la Administración federal para “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los
presupuestos autorizados”.

Frente a esto, hay también tres interpretaciones:

El decreto provocará una lluvia de amparos, puesto que no regula las relaciones entre las dependencias, sino las relaciones de los distintos departamentos del Gobierno con las empresas particulares. En ese sentido, el acuerdo solo hace referencia al artículo 90 Constitucional, que es lo referente a las dependencias de la administración pública y los artículos de cada una de ellas y sus funciones, pero olvidaron las leyes que regulan la obra pública, las telecomunicaciones, las que dicen los trámites a seguir. Por tanto, sin un particular estima que se concedió una licencia en “condición ventajosa tendrá el derecho de presentar recurso.

Ya se ha anunciado que se presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte, puesto que el decreto solo busca la opacidad. De hecho, el Instituto Nacional de acceso a la Información es probable que apele a una defensa de la transparencia y la rendición de cuentas.

El decreto supone un mazazo a la formulación de políticas públicas, pues se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización que el gobierno ha emprendido en el sector de la construcción, otorgando así más poder al Ejército también en obras civiles.

En los próximos días veremos como se desarrollan las reacciones al ya llamado“decretazo”.

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