La organización Causa en Común ha publicado el informe Galería del horror:atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, donde se establece que, de enero a abril de 2023, se cometieron en el país, al menos, 2,195 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades.
Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror. Entre los hallazgos del estudio destaca que:
Durante el periodo de enero-abril de 2023, se registraron al menos 664 casos
de tortura; 196 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de
cadáveres; y al menos 161 masacres.
En promedio se registraron 18 atrocidades cada día.
Durante el periodo comprendido, las atrocidades se incrementaron en más de un 13% respecto al 2022, pasando de pasando de 1,940 a 2,195 eventos.
El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más se registró en el país (después de tortura) con, al menos, 324 casos, un promedio de 19 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 94 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 24 niños al mes.
Los actos violentos contra las autoridades, violaciones agravadas y calcinamientos son otros tipos de atrocidades que se han incrementado.
Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las cinco entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el periodo enero-abril fueron: Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Guerrero y Morelos. Al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.
Causa en Común detalla algunas propuestas para combatir los crímenes atroces y
la propagación de la violencia. A saber:
1. Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los
enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las
realidades locales.
2. Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja
patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques
policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello,
contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del
sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la
atención psicológica especializada a escala nacional.
3. Dotar de presupuesto, medios técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de
garantizar servicios esenciales y atención jurídica y económica a las
víctimas de atrocidades.
4. Es necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visibilizar y
explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas
que prevengan y atiendan la grave situación de criminalidad que atraviesa
el país.
5. Generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil,
iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de
programas y proyectos de seguridad, de prevención y sociales, que
respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
