Alejandra Martínez
Con la llegada de los nuevos alcaldes y alcaldesas vino también el anuncio de que se frenarán las construcciones desordenadas que se tienen en la ciudad desde hace años, por lo cual se puso un alto al otorgamiento de permisos e inició un proceso de revisión de los proyectos ya autorizados.
El argumento que dio pie a esta decisión es el crecimiento desordenado que se vive en algunas alcaldías como Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, curiosamente las otrora delegaciones en que hace años se decidió impulsar el desarrollo inmobiliario, con la intención de repoblar el centro de la ciudad.
Al transcurrir los años se llegó a una política inmobiliaria desordenada que no sólo incluyó la construcción de departamentos, sino de grandes conjuntos y unidades habitacionales, así como centros y plazas comerciales que han afectado la calidad de los servicios, principalmente el agua.
Salvador Daniel, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ha expresado su sorpresa por lo radical que en algunos casos ha resultado la medida. Ha dicho que si se detiene el crecimiento inmobiliario, el impacto económico será muy severo, ya que de los 36 mil millones de dólares que mueve anualmente esta industria, 30 por ciento se localiza en la Ciudad de México, y lo más grave, desde su punto de vista, es que en tal caso se perderían 120 mil empleos directos.
El empresario comentó que en reuniones previas al anuncio de los alcaldes se llegó a acuerdos, en que los inmobiliarios se comprometieron a respetar las normas de cada zona respecto a niveles de altura y, en los casos que se requiriera, realizar obras de mitigación, cuando se tratase de construcciones con un máximo de 10 mil metros en el caso de vivienda y 5 mil para giros comerciales.
Por ello se dijo sorprendido y hasta molesto con el anuncio, como muchos otros desarrolladores que incluso han amagado con judicializar el tema para impedir que se frene el crecimiento de la ciudad, especialmente porque la medida se entiende como una respuesta a determinados empresarios que violaron las normas urbanísticas, y que por ello ahora afectan a todos.
El anuncio, hecho por casi todos los alcaldes, suena bien de inicio, porque como han declarado Armando Quintero y Santiago Taboada, titulares de Iztacalco y Benito Juárez, sus respectivas alcaldías “ya no aguantan una obra más”.
Y ciertamente no la aguantan, porque durante las últimas 6 administraciones delegacionales se modificaron Programas Parciales, Programas de Desarrollo Urbano y todo tipo de normatividad, a fin de permitir cuanto complejo habitacional o comercial se quiso. Con los años, el objetivo del llamado boom inmobiliario se pervirtió, abriendo la puerta indiscriminadamente a cualquier constructor.
Las reformas legales fueron hechas por legisladores del PRD, y muchos de los permisos de construcción fueron otorgados por jefes delegacionales de ese mismo partido. Hoy, luego de la reconfiguración que ha sufrido el tablero político de la ciudad, tenemos que varios de esos personajes son nuevamente diputados, de modo que habrá que estar muy atentos sobre cómo se vayan dando las cosas en este tema.
Lo fundamental es que los proyectos de desarrollo tengan asegurada la factibilidad de servicios, pues cada día la ciudad padece más la falta del agua, el caos de las vialidades, el crecimiento de grietas y toda una serie de deficiencias que forman un lío del que parece no hay salida.
El daño a la ciudad ya está hecho, y muchos proyectos siguen en curso. Para el siguiente gobierno el reto será enorme. No debe bajar la guardia ni dejarse seducir o presionar, pues muchos de los desarrolladores de vivienda construyen también centros y plazas comerciales, y ahí es donde están las ganancias.
Las reformas que se hagan a la Ley de Desarrollo Urbano funcionarán siempre y cuando atiendan a las condiciones reales de la ciudad vista en conjunto, no por partes separadas, y además que no puedan modificarse tan fácilmente con los cambios de gobernantes y autoridades.
