Por Jorge Alberto Lara
La nula cantidad de casos en materia de lavado de dinero del crimen organizado y de procedimientos de recuperación de activos significaron un fracaso más de este gobierno en seguridad y justicia. De la muy baja eficiencia del gobierno en este rubro dan cuenta tanto el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicado en enero de este año como los informes anuales del poder ejecutivo. De las decenas de miles de millones de dólares que provienen del crimen organizado y la corrupción, nuestras autoridades han sido incapaces de recuperar siquiera un uno por ciento en cada año. Lo anterior explica el empoderamiento de del crimen organizado y su avance en los últimos seis años en el país. En este sentido, es importante entender que el lavado de activos es un correlato de la violencia: ambos fenómenos van de la mano y sus dimensiones son directamente proporcionales.
El GAFI señaló que México ha tenido avances en el orden normativo para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, también se señala que no se ha desarrollado un solo mega caso que involucre investigación y persecución por actos de blanqueo de cantidades significativas respecto de cárteles del crimen organizado. Las estadísticas de lavado de dinero dan cuenta de casos de muy bajo impacto, como los de las mulas que transportan dinero oculto en el cuerpo o en vehículos. Este panorama habla de la falta de resultados y la nula rendición de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para lo único que ha servido el sistema anti lavado en estos seis años es para que este gobierno filtre insinuaciones sobre enemigos políticos: así descarrilaron a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México y pegaron en la línea de flotación a Ricardo Anaya.
Dada la importancia que tiene para nuestro país el avance en materia de prevención y combate al lavado, es fundamental que el próximo gobierno aproveche los avances normativos en la materia y que no se pierda tiempo, dinero o esfuerzo en la reconfiguración de instituciones que bien lideradas podrían funcionar correctamente. También es importante que los titulares de las nuevas instituciones no cometan errores en el rediseño de las estructuras de inteligencia financiera, ya que estas procesan información sensible de todo el sector bancario y bursátil. Lo anterior implica que el manejo de la información que llega vía reportes a la autoridad debe ser considerada como una tarea sumamente delicada para los efectos de la prevención. La UIF no puede ni debe ser considerada como una policía financiera. Por dicha razón, preocupa que se pretenda sectorizar en el organigrama de la nueva Secretaría de Seguridad Pública: bajo dicha autoridad también estarán albergadas las instancias de policía federal preventiva, de investigación y aún las de inteligencia civil. Al parecer se estaría generando una concentración excesiva de información que, si no se racionaliza a través de esquemas de contrapeso y con la aplicación de criterios de proporcionalidad, puede generar excesos perversos y extravíos en la función de seguridad. Aunado a lo anterior, es importante entender que la naturaleza de los riesgos que deben enfrentar cada una de dichas instancias es distinta en cada caso y tiene particularidades que requieren un manejo distinto. Faltan meses para que las propuestas del nuevo gobierno se definan e implementen.
Faltaría hacer ajustes a la parte sustantiva e incluso procesal. En materia de lavado de dinero y recuperación de activos, el gobierno de López Obrador tendrá mucho camino por avanzar. La nueva política criminal debe enfocarse en desarrollar mega casos de lavado y que en dicho rubro las acciones se realicen con diligencia, seriedad técnica y con los cuidados que implica la información referida. Respecto a extinción de dominio, en el Senado de la República espera ser dictaminada una reforma impostergable, aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados.
