Alejandro Zúñiga
El mismo 31 de enero, seis horas después de que en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciara que ya no habría despidos en el sector público, el ISSSTE corrió a otras 37 empleados operativos.
Era previsible que el cambio de PRI a Morena en el gobierno federal, traería miles de despidos y cambios en la administración pública, pero básicamente de mandos medios y superiores.
Sin embargo, lo insólito del caso de los 37 trabajadores despedidos del área de Comunicación Social del ISSSTE, es que se trata de personal con plazas de personal operativo.
Lo que más llama la atención de este caso es que los mandos superiores, con excepción del director general del área, directores, coordinadores, subdirectores y jefes de departamento no fueron removidos de sus cargos.
Las plazas que ocupaban los ya exempleados del ISSSTE son de asistente o profesional administrativo médico, con diferentes categorías: A-2, A-3, A-4, A-7, A-8, entre otras.
Les fueron otorgadas hace muchos años al personal de apoyo como, secretarias, asistentes operativos, choferes, entre otros oficios, pero se trata de trabajadores con hasta más de 30 años de servicio y, muchos de ellos, a meses o muy pocos años de alcanzar una jubilación que han esperado por décadas.
Narran los despedidos que la coordinadora administrativa del área, Miryam López Herrán -quien permanece en su cargo, pero no ha sido ratificada- llamaba uno a uno o en grupos al personal operativo para decirles: “por órdenes del presidente López Obrador y del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, ya no trabajas en la institución.
Algunos de los afectados solicitaron a la encargada de correrlos que le dieran respuesta a su escrito, donde pedían una explicación del por qué los cesaban, pero la funcionaria les respondió: “saben que no puedo hacer eso”, y se limitaba a reiterar: “son órdenes del Presidente y del director general del ISSTE”.
Entre los despedidos hay madres solteras con casi 60 años de edad, padres de familia a un año de jubilarse y otros con hijos graves internados en hospitales del ISSSTE, quienes al perder su empleo tendrán que prescindir de los servicios médicos de la institución para ellos y sus familiares.
Estos 37 casos, sin duda, se suman a cientos de miles de demandas que tendrán que enfrentar todas las dependencias federales, por despedir injusta e inmerecidamente a centenares de trabajadores.
A estos 37 trabajadores despedidos les descontaban una cuota sindical quincenalmente, sus representantes han intentado dialogar con la autoridad, pero ni los escuchan y les difieren las citas para cansarlos.
Este es un caso, como muchos otros, donde la corrupción laboral huele, se percibe, se nota y se ve.
La realidad en México es que todo mundo, en mayor o menor medida, sufrimos la corrupción laboral .
Todos los días ese lastre milenario pisa los derechos humanos de mexicanos, sin que nadie haga algo para evitarlo.
Apenas la semana pasada México cayó al sitio 138, de 180 países, en el ranking mundial de percepción de corrupción en el sector público.
Se ve muy difícil que podamos abandonar ese deshonroso sitio, si la 4T no comienza a tratar de hacer realidad su promesa de acabar con la corrupción.
Especialmente si permite que, en su nombre y representación, se cometan atropellos e injusticias deleznables.
