Jorge Lara
El fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morin, propuso en su ensayo 1915 la necesidad de adoptar el concepto central del dolor como criterio provisional de verdad y a la lucha contra el dolor como campo de trabajo y discusión.
Al enunciar su definición de dolor evitable, como aquel “dolor que los hombres causamos a otros hombres, el dolor que originan nuestra voluntad o ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas” prescribió que parte trascendente del trabajo de la política debería ser precisamente conjurar el padecimiento del hombre creado por el hombre.
Trasladados a la actualidad y ante la crudeza de las escenas que muestran a congéneres en el transe de uno de los sufrimientos físicos más terribles que una persona puede llegar a padecer, el del abrasamiento por fuego, no puede uno sino reflexionar sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer para inhibir al dolor humano.
La tragedia de Tlahuelilpan como muchas otras, era evitable. Ante la pérdida de cien vidas, las lesiones físicas de decenas y el trauma indeleble para miles, amén de pérdidas económicas inestimables, más vale que todos los que pudieran tener alguna responsabilidad asuman su cuota en la génesis de la desgracia. Desde aquellos que alentados por el interés criminal exacerbaron la actividad de sabotaje a los ductos, pasando por quienes no hicieron lo necesario por evitar la exposición de la turba inconsciente animada por la expectativa de una ganancia miserable, y llegando hasta quienes hoy generan las grandes directrices de política pública y detonaron acciones que se salieron de control.
Otro concepto gomezmoriniano que resulta aplicable a los hechos y eventos en curso es el relativo al bien mal hecho. Decía el ex rector de la UNAM que es necesario “Que el fervor de la aspiración anime la búsqueda y la disciplina de la investigación reduzca el anhelo, porque es peor el bien mal realizado que el mal mismo. Lo primero destruye la posibilidad del bien y mata la esperanza. El mal, por lo menos, renueva la rebeldía y la acción”. Es decir, que si existe una resolución para la ejecución de una política pública, esta debe hacerse bien y de manera cabal. En ese sentido, el anuncio del gobierno para aprestarse a combatir el robo de hidrocarburos ha recibido el reconocimiento unánime de la población. Sin embargo, las acciones realizadas han demostrado improvisación, falta de cálculo, desorden, y por lo mismo han propiciado una cauda importante de daños colaterales en perjuicio de la población y de la economía nacional. Estamos ante una muestra del bien realizado de manera deficiente.
Al evaluar los resultados de lo realizado hasta ahora, de las pérdidas de vidas, así como del detrimento en la economía nacional se podría concluir que en realidad no se desarrolló una estrategia consecuente, elaborada, detallada y con la previsión de efectos en los ámbitos de seguridad, logísticos y para la economía nacional.
Ojalá se entienda por el gobierno y sus defensores, que las críticas realizadas en ese sentido no tienen como objetivo el buscar que fracase en la muy encomiable tarea que ha emprendido, ante el tiradero que dejóel sexenio anterior, sino que son expresión de un ánimo social para que las cosas se hagan de manera correcta, para beneficio de todos.
Dentro de este contexto, vale hacer evidente la inconsecuencia de reformar el artículo 19 constitucional para que las presuntas conductas de huachicoleo ameriten prisión preventiva oficiosa (erróneamente dicen algunos, “volver delito grave”, cuando este crimen amerita hasta treinta años de prisión). De ser vigente esa expresión de demagogia punitiva, todos los sobrevivientes del viernes pasado enTlahuelilpan por ejemplo, deberían de enfrentar las investigaciones, privados de su libertad, sí o sí, lo cual desde luego es absurdo.
