El Gobierno de la Ciudad de México aplicará un nuevo protocolo para asistir, atender y proteger a víctimas de los delitos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual.
La Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la CDMX aprobó este miércoles dicho esquema de actuación durante la Segunda Sesión Extraordinaria 2017, realizada en las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX.
Se trata del Protocolo para la detección, “rapport”, primeros auxilios, protección, atención, búsqueda, localización, rescate y reinserción social de las víctimas de este delito.
Durante la sesión encabezada por la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, en su calidad de presidenta suplente, se aprobó la propuesta de protocolo, que establece pautas de actuación de las personas servidoras públicas para la detección de posibles víctimas.
También detalla una guía básica del buen “rapport”, es decir, cómo los funcionarios deben presentarse en primera instancia ante una víctima y así generar un ambiente de calidez para construir una relación de confianza y comunicación que permita la denuncia y atención.
Este instrumento contiene herramientas mínimas para que el personal brinde los primeros auxilios médicos y psicológicos a las víctimas, y establece una guía para las acciones de búsqueda, localización y rescate.
Además, define la ruta para la canalización, considerando las necesidades psicológicas, médicas y sociales que tendrán como finalidad reconstruir el proyecto de vida de las víctimas para fomentar su autonomía.
El protocolo fue votado por el procurador General de Justicia capitalino, Edmundo Garrido Osorio; la directora general del Instituto de las Mujeres de la CDMX, Teresa Inchaústegui Romero, y la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García Medina, así como los representantes de las dependencias del gobierno capitalino que integran la Comisión.
Mercado Castro señaló que las instituciones del Estado requieren aumentar su capacidad de respuesta y que en el caso de la CDMX, este trabajo es la culminación de un proceso de construcción de acuerdos entre instituciones y con organizaciones de la sociedad civil.
“Que hoy sellemos este protocolo es parte de la rendición de cuentas del gobierno de la ciudad en estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.”
Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno.
Explicó que en el diseño de este instrumento se consideró como prioridad garantizar los derechos de las víctimas, por lo que se observa a lo largo del documento, un enfoque que contempla el interés superior de la infancia, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
Inchaústegui Romero recordó que se estima que la trata es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, que implica aproximadamente un tráfico de 2.5 millones de personas, y representa una amenaza particularmente para las mujeres y las niñas, toda vez que el 80 por ciento pertenecen a esta población principalmente por explotación sexual, matrimonio forzado, servidumbre y trabajo forzado.
El protocolo incluye la debida actuación e investigación ministerial, pericial y policial para el acceso a la justicia. Además, se hace énfasis en el resguardo de la identidad de las víctimas y testigos, y está orientado a lo establecido en Convenciones Internacionales en la materia.
Garrido Osorio informó que desde la creación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, en mayo de 2013, la Procuraduría capitalina ha iniciado en esta administración 167 indagatorias por este delito, realizado 924 operativos y liberado a mil 543 víctimas, de las cuales el 92.22 por ciento fueron mujeres. De este último porcentaje, 7.38 procedían del extranjero.
Todas las personas afectadas fueron atendidas en los centros especializados de atención a víctimas del delito. La dependencia detuvo a 827 imputados, de los cuales 583 fueron consignados y vinculados a proceso, con 287 sentencias condenatorias y 137 inmuebles asegurados, de los cuales 32 se encuentran en proceso de extinción de dominio.
La Secretaría de Gobierno enviará a la Consejería Jurídica el documento para su posterior publicación en la Gaceta Oficial.
