El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior y a la Contraloría General locales auditar al Instituto de la Vivienda, en relación con la legalidad de los proyectos de vivienda de interés social que actualmente se desarrollan en la Alcaldía de Benito Juárez, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, referente a los términos en que ha admitido el visto bueno de sustentabilidad, con base en la Norma 26 para proyectos de vivienda a desarrollarse en la misma demarcación del año 2013 a la fecha.
En Tribuna, la congresista de la fracción parlamentaria de Morena, Paula Soto Maldonado sostuvo que de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en la Ciudad de México, actualmente se construyen alrededor de seis millones de metros cuadrados, 50 por ciento más que en el año 2013, traduciéndose en la edificación de más de 8 mil viviendas, de las cuales 60 por ciento son de tipo residencial y, que dicho auge inmobiliario está ligado con diversas irregularidades en el desarrollo de los proyectos constructivos y en la corrupción de las autoridades que otorgan los vistos buenos, licencias, autorizaciones y permisos correspondientes.
“Debemos reconocer que este fenómeno comenzó a partir del abuso que se hizo de los instrumentos legales creados para mejorar el desarrollo urbano de esta ciudad, tal es el caso de los desarrolladores inmobiliarios que vieron en el INVI a un aliado para evadir la normatividad aplicable en materia de construcción y registrar sus proyectos como vivienda de interés social, para posteriormente venderlas en millones de pesos.”
Paula Soto Maldonado, diputada de Morena.
Aseguró que tan sólo en la Alcaldía de Benito Juárez existe un desarrollo urbano desmedido y negligente, permitido por las autoridades de todos los niveles de gobierno, “para muestra está la construcción que se realiza en el predio ubicado en la calle de Febo número 17 colonia Crédito Constructor, donde se construyeron más pisos de los autorizados en la zona, bajo el supuesto de ser un proyecto de vivienda de interés social”, subrayó.
La parlamentaria de Morena detalló que la Empresa Inmobiliaria Febo Realidad S.A. de C.V, compró un terreno en dicha ubicación, con un costo de más de siete millones de pesos, donde a pesar del costo por el cual fue adquirido el predio, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México presentó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda una corrida financiera de seis millones 203 mil 967 pesos, que dividió entre 12 viviendas la cantidad de 533 mil 633 pesos por vivienda, pero en la práctica la Inmobiliaria Febo vende los departamentos de más de 84 metros cuadrados con dos estacionamientos en 3 millones 854 mil pesos, finalizó.
