Por Alejandro Zúñiga
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Después de que el presidente Enrique Peña ratificara, en su spot del miércoles pasado, que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en Cocula, Guerrero, organismos nacionales e internacionales involucrados en las investigaciones lo refutaron, desmintieron y recriminaron.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dio un revés al mandatario al documentar que casi 48 meses después, las investigaciones presentan graves irregularidades. Y es que con motivo de su sexto informe de Gobierno, el presidente lanzó un spot donde refiere que los familiares de los normalistas no aceptan “la verdad histórica” de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, aseguró el mandatario para avalar la versión de que los jóvenes fueron capturados en Iguala y quemados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Al otro día del mensaje presidencial, la CNDH condenó que la PGR mantenga detenido al profesor Erick Uriel Sandoval Rodríguez, quien cumple hoy 176 días encarcelado en Durango, como presunto partícipe en la desaparición de los normalistas. La CNDH exigió su inmediata liberación e informó que entregó una investigación a la PGR donde prueba la inocencia del detenido y, además, le informa dónde puede encontrar al verdadero culpable. La investigación de la CNDH aporta pruebas periciales, audios, videos, fotos y entrevistas a más de una decena de personas, donde demuestra que el detenido es un maestro de educación física ajeno a los funestos hechos de Ayotzinapa.
Para el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Peña Nieto agravió a los familiares de los normalistas.
Por su parte, en un comunicado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) que participó en las investigaciones le respondió con esto a Enrique Peña: “En 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula, no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en ese lugar”. Y le recuerda: “Estas conclusiones constan en nuestro dictamen entregado a la respectiva averiguación previa y presentado en conferencia de prensa en febrero de 2016”.
Apenas en junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe en el que señala que las investigaciones continúan fragmentadas, hay líneas descartadas y diligencias incompletas. Lo cierto es que, 48 meses después, hay órdenes de aprehensión no cumplimentadas y hasta inocentes encarcelados, vinculados erróneamente al caso.
Por si había alguna duda, la semana pasada quedó claro que el caso Ayotzinapa es una realidad que marcó al gobierno de Enrique Peña, y reveló que el Estado de Derecho es letra muerta en México.
Lo más grave es que hoy, más de 1540 días después de la desaparición de los 43 normalistas, prevalece la impunidad y la injusticia, porque los mexicanos seguimos preguntándonos qué ocurrió exactamente esa madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Lo que sí sabemos es que se trata de una historia real que supera cualquier ficción de terror y que la herida sigue abierta, sangrante, mientras el gobierno federal, inexplicablemente, insiste en hacerla más profunda. Intentar cerrarla será otro reto que le dejen a la Cuarta Transformación por venir. Ojalá que la cure y cicatrice pronto.
