Hugo Morales Galván
Las definiciones sobre lo que es la delincuencia organizada coinciden en señalar que se trata de un grupo de individuos establecidos de manera permanente con jerarquía “y relativa disciplina dedicados a la ejecución de actos delictivos con la finalidad, generalmente, de obtener grandes gananciaseconómicas, poder e impunidad a través de un sinfín de conductas ilegales”. Interpol señala que organizaciones suelen participar en distintos tipos de actividades delictivas.
Las redes de la delincuencia organizada se extienden a diversas esferas de la vida de un país. Pero cuando se vinculan con la vida política, son más peligrosas porque desde cargos de gobierno o de representación popular ocultan su actividad. Peor aún, se convierten en juez y parte para investigar y sancionar estas conductas.
La mafia política por lo general busca no dejar rastros. Se victimiza aludiendo persecución o venganza en su contra. Se protege y busca protección. Las más consabidas son eludir responsabilidad o ampararse en un fuero político. Así pueden ser estafas maestras, o desvío de recursos para campañas electorales o turbios negocios, como la adjudicación de contratos para el servicios de alimentos a los reclusorios capitalinos.
Es de llamar la atención, cómo en esa lógica parecieran operar personajes de la vida política que recién anunciaron su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Renunciaron al partido, no a su fuero protector.
Lo dicen las autoridades, las investigaciones (por eso de las calumnias e infamias) y la información periodística pública, Mauricio Toledo, Ricardo Gallardo y Héctor Serrano, debieran de saberlo. Sobre ellos, hay señalamientos persistentes de posibles actos de corrupción, que impedirían como es su intención, sumarse al manto protector de Morena.
“Bastardo” fue un término discriminador aplicado a nacidos fuera de matrimonio. El lado paterno no les reconocía parentezco y los despreciaba. En la vida política cobró otras acepciones: falsos, viles e infames. “Algo que vicia de su origen o naturaleza”. El trío de ex perredistas parece que recibirán ese trato donde se paren.
Toledo, Serrano y Gallardo, no son dignos de credibilidad ni de confianza por parte de Morena. Al renunciar al PRD aseguraron que no aestaban de acuerdo con la línea política actual, y apuraron sus coqueteos con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Recibieron pronta respuesta. Fueron recahzados por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheimbaun, y el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado.
Va por partes. La Procuraduría de Justicia de la CDMX pidió el desestimiento judicial en contra del ex diputado local del PRD, Alejandro Robles, ex aliado de Toledo, y quien debió de exiliarse en Canadá ante las violentas amenazas que, en su propio opinión, desembocaron en la muerte de al menos tres personas por denunciar la corrupción del ex Delegado de Coyoacán. La propia Procuraduría capitalina aseveró que la institución fue utilziada durante el anterior gobierno para favorecer a Toledo en contra de Robles.
De Gallardo, ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, dice Juio Hernández López “lo encarcelaron en 2015, acusado de actos relacionados con la delincuencia organizada y del desvío de unos 220 millones de pesos del erario municipal. Fue liberado mediante un amparo que atendió aspectos procedimentales y no la sustancia del asunto, pues quedaron plenamente acreditados los señalamientos de peculado, asociación delictuosa y desvío de recursos”.
Gallardo y Toledo son discípulos de Serrano. Tanto que se dividieron la coordinación de la fracción del PRD en San Lázaro. Un año cada uno.
Serrano, otrora poderoso secretario de Gobierno de la CDMX, ex titular de la jugosa Secretaría de Movilidad, “extratega” de la vitual campaña presidencial de Miguel Ángel Mancera, debe de haber sentido que le zumbaron los oídos con la filtración del Gobierno capitalino sobre la asignación de un contrato por mil 425 millones de pesos al Grupo Kosmo, una de cuyas empresas “La Cosmopolitana” dota de alimentos a los reclusorios capitalinos. La negociación con este grupo, según investigación de autoridades federales, involucra a funcionarios de la admnistración de Mancera con el crimen organizado.
De acuerdo con la ley de la administración pública de la CDMX, el sistema de reclusorios depende de la Secretaría de Gobierno, cuyo control ocurre a través de una Subsecretaría. Y según la historia reciente, el mayor tramo de gobierno de Mancera la Secretaría de Gobierno fue ocupada por Héctor Serrano, y su subordinado Hasael Ruiz en la Subsecretaría.
El contrato con “Kosmo” fue suspendido por Sheimbaun y está sujeto a revisión con todas sus secuelas administrativas y penales. La investigación corre por cuenta del Gobierno de la CDMX y autoridades federales.
Vanguardia Progresista quiere registro como partido político. Quieren protegerse. Estan nerviosos.
