Adrián Rueda
Si el problema del desabasto de gasolina en la Ciudad de México es un tema que le quita el sueño a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, hay que esperar a que le estalle en la cara la protesta de los miles de burócratas despedidos.
Alegando que en la parte final del gobierno de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, se otorgó la base a diez mil trabajadores de la llamada Nómina Ocho, a la que pertenecían empleados de confianza, dio la orden de dar marcha atrás a esa decisión.
La Jefa de Gobierno asegura que esos trabajadores fueron basificados como parte de un acuerdo político entre Juan Ayala, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDXM, con la administración de Mancera.
Dijo que en esas nóminas están, además de aviadores, muchas personas que actuaron como operadores políticos del PRD, por lo que tendrán que dejar sus plazas.
Nadie duda que en la burocracia haya aviadores y operadores, pero tampoco se puede negar que laboren ahí personas comprometidas con su trabajo, del cual dependen sus familias y que serán echadas a la calle.
Entre los despedidos hay muchos que en las elecciones pasadas votaron por Andrés Manuel López Obrador y por la propia Sheinbaum, quien ahora los deja sin su fuente de ingresos.
La molestia por estas acciones ha venido creciendo y puede derivar en un estallido social originado por las bases sindicales no sólo de la CDMX, sino de otras organizaciones de trabajadores que están siendo afectadas a nivel nacional.
Porque aunque nadie tiene la menor duda de que López Obrador encabeza un gobierno fuerte, con amplio respaldo popular, su estrategia de ampliar su base social a través de regalar dinero a la gente está pegando a varios sectores, entre ellos a los trabajadores.
En el Presupuesto 2019 las universidades, los centros de investigación, la cultura y la salud, entre muchos otros, fueron castigados con partidas incluso inferiores a las de otros años, lo cual ha generado un gran descontento.
Cuestión de recordar que, cuando “por un error involuntario” se propuso una Reforma Educativa que acababa con la autonomía de la UNAM. Y que después, “por otro error” se le redujo el presupuesto a la misma institución y al Politécnico Nacional, El Pejereculó.
No quiso enfrentar una protesta estudiantil, que ya se estaba gestando, sobre todo por los negros antecedentes de las actuaciones del Gobierno en contra de los estudiantes, que han sido registradas en la historia.
En el entorno pejista creen que una lucha sindical de la burocracia es “bastante controlable”, por la sencilla razón de que los líderes actuales tienen una cola muy grande que les puede ser pisada en el momento que se requiera.
Pero quizá no estén calculando bien, pues en el caso de la capital no es que echen a la calle a diez mil trabajadores, sino a diez mil familias, que si se multiplican pueden congregar a un buen número de manifestantes.
Y como los burócratas de la ciudad pertenecen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y muchos empleados del Gobierno Federal están corriendo la misma suerte, se puede juntar un buen grupo.
Eso sin contar que los dirigentes locales tienen buena relación con sindicatos como los de la UNAM, el IPN, la UAM y otras instituciones, además de que hay otros descontentos como los bomberos de la capital y ex empleados del SAT.
Los sindicatos tienen la capacidad incluso de parar los servicios públicos y generar un caos; el gobierno a su vez tiene la capacidad de alinear a todas las instituciones en contra de los líderes para presionar, incluso con el riesgo de cárcel, a los que se rebelen.
Habrá que recordar que en 2003, siendo López Obrador jefe de Gobierno del Distrito Federal, orquestó la destitución de José Medel de la dirección del Sindicato Único de Trabajadores del DF, que paró dos días los servicios en protesta por los bajos salarios.
Hay registro de que cuando a El Peje se le rebelan, responde con rudeza, pero no es lo mismo parar la recolección de basura en una ciudad, por ejemplo, que paralizar hospitales, escuelas, juzgados y prácticamente toda la administración pública del país.
Por supuesto que ese escenario estaría muy lejano, pero de cualquier forma el enfrentamiento del gobierno con sus trabajadores no traería nada bueno para ninguno de los dos bandos.
Y es que, para empezar, no se vería nada bien que miles de burócratas hicieran un plantón permanente frente a Palacio Nacional y a un lado del edificio del Antiguo Ayuntamiento.
Eso sería muy perjudicial para la imagen de López Obrador, quien se ha envuelto en la bandera del pueblo, vendiéndose como su máximo defensor.
A los trabajadores sindicalizados y a sus líderes los podrá presionar, pero a los despedidos y a sus respectivas familias no, por la sencilla razón de que ellos ya no tendrían nada que perder.
El tema no es sencillo y, si Sheinbaum no lo maneja con habilidad, le estaría abriendo un buen boquete al pejismo en todo el país, por las conexiones sindicales que hay entre los líderes, sin importar que sea por defender a los trabajadores o por simples complicidades.
Porque El Peje podrá culpar a la mafia sindical de las protestas, pero quién sabe si podría controlar a la opinión pública si se difunden historias de familias afectadas en su salud, educación o vivienda por haber sido echadas a la calle.
La estrategia que ha utilizado desde que era candidato, de llegar a los sentimientos de las personas para que lo apoyen, se le puede revertir si es utilizada de la misma forma por los manifestantes y sus familias, pues se asemejarían a los de millones de mexicanos.
Por eso lo del huachicol podría quedar en una simple anécdota, comparado a lo que significaría una rebelión de la burocracia nacional en contra de su gobierno, pues hay que recordar que la clase trabajadora ha derribado presidentes.
Y si se mezcla a los ciudadanos que estén inconformes por otras causas, pues eso puede conformar un buen coctel para el nacimiento de los “chalecos amarillos” mexicanos.
