La empresa mexicana de Tecnologías de la Información, Centro de Productividad Avanzada (CEPRA) SA de CV lleva un año sin sacar poco más de 40 mil equipos de cómputo de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al contar con un amparo otorgado por el juez Diego Alejandro Ramírez Velázquez del juzgado Primero del Distrito de Hidalgo.
Quienes sufren este dolor de cabeza son los casi 30 mil burócratas que tienen en su escritorio dos equipos de cómputo, obstaculizando así la digitalización del SAT.
En 2016, el SAT lanzó el concurso “Administración de Puestos de Servicios 3 (APS-3)” para contratar el servicio de proveer, instalar y dar mantenimiento y soporte a los equipos por un plazo de tres años y medio.
El concurso, en primera instancia, lo había ganado la empresa Mainbit, la cual se enfoca en la planeación, organización, integración y funcionamiento de componentes humanos, técnicos y administrativos para asegurar el proceso de datos. Esta empresa era la opción más económica y viable, sin embargo, CEPRA rechazó e interpuso impugnaciones ante el Órgano Interno de Control (OIC), por lo que después de dos meses CEPRA obtuvo el contrato.
Serían 153 millones de pesos más los que cobraría CEPRA, al tomar en consideración los montos máximos propuestos.
Entre las irregularidades que CEPRA tuvo están que no presentó las certificaciones de competencias que debió incluir en su propuesta técnica, por lo que luego de una investigación del OIC del SAT, mediante el oficio 300-04-00-00-00-2017, el 14 de junio de 2017, el organismo recaudador dio constancia de término anticipado del contrato celebrado con CEPRA y firmó nuevamente con Mainbit.
En los tribunales y juzgados…
A pesar de estas resoluciones, CEPRA se negó a permitir que la sustituyeran y recurrió a varias instancias, entre ellas al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, cuyo secretario le otorgó una suspensión de contrato para que Mainbit no procediera con la sustitución de equipos; no obstante, por esta decisión, Francisco Alberto García Ramírez fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal por haber cometido “errores judiciales inexcusables”.
Mientras que su compañero, Jaime Ríos Tavera fue señalado por “abuso en el ejercicio de su cargo”, pues pese a que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito revocó la primera suspensión otorgada en el juzgado hidalguense solo un mes después (el 6 de agosto pasado), el segundo secretario de juzgado emitió una segunda suspensión referente al mismo expediente 777/2017.
Las irregularidades cometidas por esta empresa fueron investigadas por la Auditoría Superior de la Federación que determinó, tras un análisis a profundidad del caso, que CEPRA mintió para obtener la licitación, pues simuló contar con 902 centros de servicio para ser mejor evaluada; además de que incumplió con las características de los equipos de cómputo ofertados, y tampoco cumplió con obligaciones contractuales que debieron merecer penalizaciones económicas.
Antecedentes de CEPRA
Este no es el primer caso con irregularidades, en 2016, en un caso aparte, Petróleos Mexicanos envío una circular a todas las entidades, dependencias y órganos federativos para que se abstuvieran de contratar a CEPRA durante al menos un año.
