La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para realizar el lunes 12 de agosto un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar la Ley de Participación Ciudadana, y la integración del Consejo Económico, Social y Ambiental.
En el periodo extraordinario también se llevará a cabo una sesión solemne con el propósito de entregar el Premio a la Juventud, en el marco del Día Internacional de la Juventud.
Durante el desarrollo de la sesión, representantes de los grupos parlamentarios de oposición se pronunciaron en contra de aprobar la Ley de Participación Ciudadana el próximo lunes 12 de agosto.
La diputada Gabriela Salido Magos, del PAN, aseguró que la aprobación “no se puede hacer a espaldas de la ciudadanía. El Partido Acción Nacional no está de acuerdo con el periodo extraordinario, pues se está legislando sobre las rodillas”.
Recordó que al menos 250 colonias de la Ciudad de México están en proceso de presentar demandas para que se respeten sus derechos. “No estamos de acuerdo en legislar de esta manera”. Además, reveló que los grupos parlamentarios ya recibieron un documento con pre-dictamen, “pero este concepto no existe en la técnica parlamentaria”.
El diputado Víctor Hugo Lobo, del PRD, indicó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política, su fracción parlamentaria se pronunció en contra de realizar el periodo extraordinario con premura. “Propusimos que se dé más tiempo, al menos siete días, para que esta Ley esté consensuada con los ciudadanos, con los pueblos y barrios originarios. La propuesta que mantenemos es que el periodo extraordinario se pueda posponer para construir un documento robusto en un tema tan importante como es la democracia participativa”.
Por el PRI, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada reprochó que el dictamen sobre la Ley de Participación Ciudadana no se ha socializado entre los diputados. “No estamos dando oportunidad para que los ciudadanos interesados puedan revisar el documento y puedan aportar sus puntos de vista. Lo que estamos por hacer es sacar las cosas de manera apresurada en detrimento de la participación ciudadana”.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Ruiz Suárez, reiteró que en ese órgano de dirección se acordó que para fortalecer la discusión con relación a la Ley de Participación Ciudadana se circularía un pre-dictamen. “Lo que circula es un pre-dictamen que toma en consideración todas las iniciativas presentadas en esta materia”.
“Me queda claro que hay grupos parlamentarios que no quieren que haya una nueva Ley. Lo que nosotros decimos es que ese modelo ya se agotó; que esas fórmulas ya no sirven. Se oponen porque no quieren nuevas leyes y tampoco eso se puede permitir, este Congreso tiene que adecuar la ley a las nuevas necesidades.”
Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Señaló que en la reunión de la Junta de Coordinación Política el acuerdo se aprobó por mayoría. “En la reunión no asistió formalmente el PAN, aunque hubo voz, pero no votó. En el caso del PRD, el diputado Jorge Gaviño se abstuvo de votar, aunque planteó la posibilidad de dar más tiempo”.
Por su parte, el diputado Carlos Hernández Mirón (MORENA) aseguró que el dictamen ha seguido el proceso parlamentario. “Hemos tenido mesas de trabajo con el Instituto Electoral local, se han recogido las opiniones de los grupos parlamentarios”.
Derogar el décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana
Por el grupo parlamentario del PAN, la diputada María Gabriela Salido Magos y el diputado Héctor Barrera Marmolejo presentaron una iniciativa para derogar el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana local.
Este artículo señala que el proceso de elección de los órganos de representación ciudadana y la consulta en materia de Presupuesto Participativo se realizarán hasta que el Congreso local establezca lo conducente en la nueva Ley en materia de Participación Ciudadana.
Incluso refiere que las y los integrantes de los actuales Comités Ciudadanos, de los Consejos Delegaciones, de los Consejos de los Pueblos y los Representantes de Manzana permanecerán en el desempeño de su encargo hasta el día para el cual fueron electos.
Además, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará los ajustes necesarios a los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2019 para la realización de la elección de órganos de representación ciudadana y consulta del Presupuesto Participativo.
De acuerdo con los legisladores, los Comités Vecinales son los órganos de representación ciudadana constituidos formalmente por elección libre, secreta y directa en cada colonia, barrio o unidad habitacional, cuya función principal es relacionar a los habitantes del entorno con las alcaldías, teniendo por objeto supervisar, evaluar, informar y opinar sobre la gestión y actos de gobierno.
“Los y las integrantes de los Comités tienen entre otras características ser representantes ciudadanos de colonias, no forman parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y no son considerados personas servidoras públicas; puesto que su representación es honorífica. Su función es representar los intereses colectivos de las y los habitantes de la colonia ante las diversas autoridades y se encargan de integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas de las y los vecinos”, señalan los diputados en la iniciativa de ley.
Mejorar el sistema electoral: diputado Ricardo Fuentes
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez (MORENA) presentó –a través de la Mesa Directiva- una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la cual tiene el propósito de mejorar el sistema electoral mexicano, principalmente en el caso de Representación Proporcional.
En su propuesta de reforma a la Ley General, el legislador indica que la finalidad dela Representación Proporcional es servir de correctivo entre la relación de los cargos de representación popular y la voluntad del cuerpo electoral, así como a las distorsiones electorales en que ha incurrido la representación electoral.
Por ello, su iniciativa propone que la integración de los órganos legislativos sea en función de tres parámetros: el número de representantes por el principio de Mayoría Relativa; los resultados de la votación y la plena observancia de los principios y valores tutelados constitucionalmente para las minorías legislativas; establecer un mínimo y un máximo para la integración del órgano legislativo.
“Lo que se propone es un mínimo (coincidente con el número de distritos uninominales) y un máximo (que se actualiza cuando se asigna la totalidad de los candidatos de Representación Proporcional) para la integración de los órganos legislativos, con respecto a los principios y valores constitucionales relacionados con las minorías parlamentarias”, señala el contenido de la propuesta.
