Jorge Lara
El combate al robo de combustible realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador merecen encomio y apoyo generalizado. Las cifras que hasta el momento se han hecho públicas respecto del número de muertos por ese delito, así como el tamaño del quebranto que tuvo que enfrentar PEMEX hablan por sí solas del estado de desgobierno y lenidad que se vivió nuestro país sobre todo en el sexenio pasado.
No obstante, las acciones han generado una serie de efectos colaterales que pudieron haberse previsto a efecto de no perjudicar a la población y no crear riesgos innecesarios en materias de abastecimiento no solo de combustible, sino también de víveres y la provisión de servicios de emergencia.
Dentro de la experiencia nacional e internacional se han desarrollado técnicas de investigación adecuadas para perseguir fenómenos del crimen organizado y el robo de hidrocarburos. Desde luego llama la atención que en el gobierno anterior no hubiese desarrollado ninguna acción con apego a un plan estratégico.
A efecto de generar una visión crítica de los últimos acontecimientos a continuación exponemos algunos puntos derivados de las técnicas criminalísticas y criminológicas que pudieron haber incrementado la eficacia de las investigaciones al mismo tiempo de disminuir la serie problemática que ha debido enfrentar la sociedad de varios estados, derivada de la escasez de combustible.
El 27 de diciembre del año pasado, el presidente López Obrador anunció que se perseguiría el robo de combustible. Desde el punto de vista de la investigación del delito dicha acción puede calificarse como cándida, sino incluso como una infidencia que pudo haber alertado a los delincuentes del tramo operativo y de cuello blanco. En pocas palabras, pudieron haber dejado de robar por el pitazo.
Lo que consideramos que pudo haber hecho el gobierno es proceder con corrección en la aplicación de las técnicas de investigación. Al efecto, el proceder de las autoridades hubiese sido más eficaz de haber actuado con sigilo, sin poner en sobre aviso a los delincuentes. Con una correcta administración de los tiempos, se pudieron haber aplicado métodos investigativos tales como operaciones encubiertas, empleo de testigos colaboradores, entregas vigiladas, monitoreo y rastreo de producto a través de trazadores, intervención de comunicaciones, cateos electrónicos, entre otros.
Consecuentemente, procedería la judicialización de los casos de mayor impacto y relevancia tanto desde el punto de vista de la confianza depositada, como de los montos y la lesividad de las conductas, priorizando imputación a servidores públicos de alto nivel y copartícipes como prestanombres y lavadores de activos.
Paralelamente se debió haber procedido al congelamiento cuentas de manera oportuna para los efectos de promover decomisos y los juicios de extinción de dominio en contra de los bienes adquiridos con lo robado. (En este sentido la reforma hecha a la figura de la extinción de dominio recientemente limitará la eficacia de la medida, como ya hemos señalado).
Una vez habiendo resultados, se podría haber hecho público el anuncio de los mismos, de manera paralela incluso con la secuencia de audiencias públicas en que se ventilen cada uno de los casos, como estamos viendo en el caso de Joaquín Guzmán Loera.
Desafortunadamente es claro que el presidente incumplió con el sigilo de la investigación de manera genérica y que esa acción limitará el éxito de estas acciones.
No obstante, las fallas el combate al crimen en esta y otras modalidades que impulse esta administración, cuenta y debe contar con el respaldo ciudadano. Hagamos votos para que en lo sucesivo no haya daños colaterales para la población.
En ese orden de ideas la exigencia social de que se abran los ductos para regularizar el abasto de combustible es pertinente y atendible.
