Javier Ramírez
Dice un viejo refrán: “Hágase la ley, pero en los bueyes de mi compadre”, de cuando alguien es deseoso de que se aplique la ley, pero no para sí mismo, pues es sabedor que saldría perjudicado.
Es el caso del diputado federal Mario Delgado, líder de los morenos en la Cámara baja, cuando muy orondo y echado para adelante destaca el nuevo comienzo de una democracia participativa en el país, a raíz de la consulta ciudadana que realizaron sobre la continuación del aeropuerto de Texcoco.
Defendiendo lo indefendible, como es el sustento legal y jurídico de la susodicha consulta, Delgado decidió salir el jueves 1 de noviembre a dar una conferencia de prensa que no necesitaba dar.
Pero soberbios como están en el nuevo partido dominante, quiso exponer un decálogo de los cambios que ya se comienzan a notar -según los morenos- con la próxima ascensión al poder del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Puntos más, puntos menos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados destacó la participación del equipo de transición en las negociaciones de tratado trilateral de comercio; el diálogo permanente con las cámaras más importantes de empresarios. La política de diálogo y conciliación, dijo, por parte del nuevo gobierno con los gobernadores de todas las entidades, y los foros de pacificación, entre otros.
Pero al momento que ensalzar la democracia participativa y las reformas que propusieron para modificar el artículo 35 constitucional, porque consideran que tiene un diseño inoperante en el tema de las consultas ciudadanas, Delgado comenzó a meterse a un terreno de suelo poco firme, y como si caminara por el ex lago de Texcoco poco a poco comenzó a hundirse.
Las reformas que presentó a finales de septiembre el grupo parlamentario de Morena buscan que cada año, durante el primer domingo de julio, la autoridad electoral organice una consulta ciudadana en caso de que lo solicite el Presidente de la República, o el 33 por ciento de los miembros de alguna de las dos cámaras del Congreso, o el 2 por ciento de los ciudadanos en la lista nominal.
Lo razonable y deseable, por supuesto, es que se estrene la democracia participativa, que dicen los morenos llegó para quedarse en el país, y entonces pueda someterse a consulta el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, porque lo que se consultó a finales de octubre fue el proyecto de Texcoco.
Pero Delgado no quiso ser él quien dijera que Santa Lucía ya no se consultará, y va porque va. Salió por la puerta fácil y, literal, expresó sobre ese supuesto que ni sí, ni no, todo dependerá de cómo salga la ley.
Es decir, si algún partido, cámara empresarial o ciudadanos organizados buscaran ahora someter a una consulta seria y legal la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía, seguramente se toparán con algún candado en la nueva ley de consulta popular -que desde ya están presumiendo los morenos-, que impedirá hacer ese ejercicio.
Irá todo a consulta, menos asuntos tributarios y de derechos humanos, aclaró Delgado en esa conferencia de prensa… y seguramente tampoco los proyectos del Presidente.
La otra reforma sobre la que le corre algo más que prisa a Morena en la Cámara de Diputados es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual se daría forma a gran parte de las promesas de campaña de López Obrador.
Arrancaron con urgencia la semana pasada y declararon en sesión permanente a la comisión de Gobernación para poderla dictaminar, al tiempo que realizaron una reunión con expertos en diversas materias.
Entre los asistentes había disposición para hacer ver a los diputados las fallas que podría tener la nueva legislación, pero ya en corto no sabían si sus recomendaciones serían tomadas en cuenta o simplemente fueron a perder el tiempo.
De entrada, consideraron que la nueva ley busca un centralismo, que ocasionará confusión en las tareas que realizarán distintas dependencias.
Y de manera destacada, advirtieron que la intención de pacificar el país con la amnistía o el perdón, de nada servirá si no hay una política integral de reinserción, porque abrir la puerta de las cárceles no abrirá las puertas de la sociedad.
