Por Javier Ramírez
A la Agencia de Gestión Urbana (AGU) le quedan sólo meses de vida con la llegada de Claudia Sheinbuam a la jefatura de Gobierno, y deseable es que el nuevo gobierno presente un rediseño de la atención a los servicios urbanos y defina qué ocurrirá con las concesiones millonarias otorgadas por ese organismo.
¿Por qué la AGU es, como la Línea 7 del Metrobús, otro ejemplo de buenas ideas mal planeadas y peor ejecutadas en la administración de Mancera?
El funcionamiento de la Ciudad de México, el engranaje que le permite solventar el trajín del día a día, pasa por varias áreas estratégicas, entre las más visibles están la de seguridad y protección civil; de las más sensibles el abastecimiento de agua, pero pocos reflectores recibe la relacionada con los servicios urbanos.
Durante las administraciones perredistas, incluida la del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, las direcciones generales de servicios urbanos pertenecieron a la Secretaría de Obras, y fue hasta la llegada de Miguel Ángel Mancera Espinosa cuando intentó innovar en el esquema y creó la Agencia de Gestión Urbana.
La idea, que ha funcionado en varias ciudades del mundo, fue vista con reservas; creó confusión no sólo en los capitalinos, sino también en los gobiernos delegacionales. La percepción era que sería el ente encargado de resolver el bacheo, alumbrado, reportes de fugas de agua, poda de árboles y limpieza de vialidades.
Sin embargo, la Agencia únicamente funcionaría como una dependencia que recibiría, gestionaría y daría seguimiento al cumplimiento que debían hacer las administraciones delegacionales y el gobierno central.
Tendría, además, facultad para exigir a los entes privados un calendario de intervenciones en la vía pública; por ejemplo, todas aquellas empresas de gas natural que suelen abrir las calles cuando quieren, sin importar si habían sido repavimentadas semanas o días atrás, deberían de ajustarse a una agenda que elaboraría la AGU para que ya no ocurriera así, pero nunca pudo hacerlo.
Expertos en urbanismo en aquel febrero de 2013, cuando se publicó el decreto de su creación, otorgaron el beneficio de la duda al nacimiento de la AGU, pero criticaron la designación de Fernando Aboitiz al frente.
Los esquemas que han funcionado en otras ciudades indicaban que quien fuera el “city manager” no debía tener un perfil político, pues precisamente se trataba de despojar de intereses de ese tipo a la atención de los servicios urbanos.
Con Aboitiz a la cabeza se pensó incluso en que sería una especie de sub jefe de Gobierno, por la cantidad de poder que tendría al ser el gestor de las necesidades urbanas de los capitalinos.
Al final no fue así, pues Aboitiz estuvo siempre más interesado en mantener los hilos del poder y el dinero en la Secretaría de Obras y Servicios, en donde había estado los últimos tres años de la administración de Marcelo Ebrard.
La muerte del secretario de Obras, Luis Alberto Rábago y los escándalos por conflicto de intereses de su sucesor, Alfredo Hernández, fueron abriendo la puerta para la salida de Aboitiz del primer círculo de Mancera.
Llegó entonces otra mala decisión, Jaime Slomianski, un ex fiscal en Benito Juárez, pasó de director general de Servicios Urbanos a ocupar la silla del “city manager”.
Entonces la AGU, que nunca pudo concretar la misión para la cual fue creada, transitó de sólo gestionar los servicios públicos a ejercer presupuesto cuando absorbió a la Dirección General de Servicios Urbanos, que históricamente había pertenecido a la Secretaría de Obras y Servicios.
Si bien Slomianski no llegó con el lastre político de Aboitiz para ocupar una cartera de ese tipo, tampoco tenía la experiencia administrativa ni conocimientos técnicos para la tarea encomendada, pero como muchos funcionarios aprendió sobre la marcha.
Ahora la AGU desaparecerá y sus proyectos pasarán a revisión, y si se cancelan, la administración de Sheinbaum tendrá que enfrentar las consecuencias legales de hacerlo, pero al mismo tiempo tendría que presentar mejores alternativas para remplazarlos.
