Javier Ramírez
No hay forma de entender por qué actuó de la forma en que lo hizo el gobierno federal ante el arribo de miles de migrantes en el paso fronterizo de Ciudad Hidalgo, en Tapachula, Chiapas.
No sólo se vio sorprendido en un primer momento con el operativo de contención, sino que después prácticamente los dejó a su suerte cuando debió aplicar acciones de atención humanitaria, pero éstas resultaron reducidas, desarticuladas e ineficaces.
Las autoridades migratorias en México pretendieron que los centroamericanos entraran de manera ordenada y legal al país, pero nunca lo lograron.
Las cifras oficiales dadas por el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, son de apenas 300 personas recibidas el viernes, día que arribaron a México, y un número igual durante el sábado, que fueron trasladadas a albergues para revisar quienes serían candidatos para obtener la visa humanitaria.
En el cruce fronterizo, con miles de migrantes esperando poder pasar, reconoció que el límite de atención era de 300 personas por día; a ese paso, hubieran tardado al menos 10 días, tomando como base la estimación más conservadora del número de centroamericanos que se han movilizado.
El accionar del Instituto Nacional de Migración, de no haber sido por la desesperación de los migrantes que decidieron llegar a México por medio de balsas a través del Río Suchiate, pudo generar una situación de crisis humanitaria.
Cientos de personas viajan con sus hijos, algunos de ellos incluso de meses de edad; si las condiciones de humedad y calor sobre el puente del Río Suchiate fueron difíciles para los adultos, para los pequeños llegó a extremos riesgosos para su vida.
Aun así, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación aseguran en comunicados que “con pleno apego al respeto a los derechos humanos, se ha mantenido una atención constante y humanitaria a los casi 4 mil 500 migrantes en el cruce fronterizo”, lo cual fue falso.
Y el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo, lo dejó en claro a la salida del paso fronterizo en Ciudad Hidalgo: el accionar del gobierno federal ha sido de contención, nada más.
Las medidas precautorias que lanzaron a las autoridades estatales y federales desde días atrás fueron ignoradas, bajo el argumento ominoso de que no podían tomar medidas sobre hechos que no habían acontecido.
Sobre el puente fronterizo la única ayuda humanitaria que recibían los migrantes era de apenas algunos garrafones de agua, y si acaso el obsequio de los paquetes de alimentos que los policías federales brindaban a los niños.
La atención hospitalaria era a través del enrejado y de parte de la Marina Armada de México con dos médicos, que recetaban analgésicos a diestra y siniestra.
Sólo cuando ocurrían desmayos se agilizaba el ingreso, era necesario el llanto de los niños y la desesperación de los padres para abrirles el paso.
El discurso oficial, absolutamente contrario a la realidad.
Los dichos del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el jueves en la Cámara de Diputados, cuando parecía que se plantaban con dignidad y en contra de las exigencias de Trump, fueron sólo eso, apariencia.
Dos días después no sólo cerraron el paso a la caravana con un argumento de legalidad y orden, sino que hicieron lo mínimo indispensable que se esperaba para brindarles apoyo.
Hasta el momento de terminar este texto, los migrantes permanecían en el parque principal del municipio de Suchiate. Ya sumaban, miles y, por mucho, eran más que los que entraron “ordenada y legalmente”, como el gobierno federal quería que fuera.
Habían anunciado que el domingo reanudarían su camino, entonces por territorio nacional, y todos estarán en condición de migrantes ilegales.
A partir de ese momento, las opciones del gobierno federal se redujeron a facilitar el paso a la caravana o intentar detenerles bajo el argumento de su condición migratoria ilegal.
¿Qué preferirá la administración del Presidente Peña Nieto, una visión humanitaria como lo ha expuesto en su discurso o una intentona por hacer respetar la ley?
A estas alturas, lo segundo se antoja más como la sumisión del gobierno federal a las exigencias de Washington.
