Javier Ramírez
En un verdadero entuerto se metió el Presidente López Obrador y de pasó se llevó entre las trancas a la bancadas de Morena en el Congreso de la Unión con su intención de someter a consulta popular la creación de su Guardia Nacional.
Más allá de si significa la militarización de la seguridad pública o no, que a todas luces lo es, está impedido por el artículo 35 de la Constitución para hacer una consulta popular legal sobre ella.
El citado artículo dice a la letra: No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta…
Para no pocos constitucionalistas no cabe la interpretación al respecto, pues el Presidente, al anunciar la conformación de la Guardia Nacional con la Policía Militar, y la Policía Naval, que son fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas, tendría que reformar primero el artículo 35 para poder someter el tema a una consulta popular.
Pero el meollo del asunto, el verdadero fondo, no será sí respeta la Constitución o no el Presidente López Obrador, que de todos es sabido que si le conviene lo hará y sino, pues no, sino que le está haciendo creer al “pueblo sabio” que están siendo tomados en cuenta en decisiones trascendentales para el país, cuando en realidad no es así.
En el supuesto de que el gobierno decida someter a consulta popular la creación de la Guardia Nacional, si quiere hacerlo de manera pulcra, tendría que primero reformar el artículo 35 Constitucional, para que el resultado sea vinculante.
De otra forma es lo mismo que si en Palacio Nacional tomara una pecera y que cada quien escriba qué es lo que quiere y con base en ello tomara una decisión.
Y ese ejemplo, por ridículo que parezca, es legal y válido porque López Obrador es libre de preguntar lo que sea a quien quiera y sobre cualquier tema que considere importante, y con ello normar u orientar su decisión.
Pero de ahí a que esté obligado a obedecer el resultado de sus consultas patito, pues hay un sólido impedimento legal mientras no reforme la Constitución.
Ese concepto de democracia participativa que quieren aplicar hasta la necedad, al final meterá al gobierno, y a los legisladores de Morena, en un apuro legal por las declaraciones aceleradas del Presidente y los tiempos legislativos para llevar a cabo la discusión de los dictámenes y la eventual aprobación a las reformas.
En un imaginario escenario en el que hubiese un rechazo contundente a la creación de la Guardia Nacional en una encuesta, un sondeo, o una consulta patito, López Obrador no tendría ningún problema si decidiera hacer lo contrario al resultado final.
Es decir, siempre y cuando el ejercicio de auscultación de opinión entre los mexicanos no sea presentado como una “consulta popular”, sino simplemente como una consulta, un sondeo, o una encuesta, con ello estaría a dándole la vuelta a la Constitución.
No habría, pues, forma de promover una acción de inconstitucionalidad al ejercicio, ni tampoco forma de obligarle a respetar el resultado, porque si no lo hace, pagaría sólo un costo político por ello.
Aunque el “pueblo sabio” siga creyendo que se le está tomando en cuenta y son parte fundamental de la nueva democracia participativa.
Piquete de ojos
La semana pasada se reunió el secretario de Salud, Jorge Alcocer, con diputados federales de Morena, les platicó sobre los programas prioritarios que aplicarán en este inicio de sexenio.
Y sí, tienen planeado someter a consulta entre cinco y diez programas relacionados con temas de salud.
“La democracia participativa, como su nombre lo indica es de toda la población, si es necesario convocar a una consulta se hará, si no es necesario…pues la población lo dicta”, contestó a los reporteros al término de la reunión.
A ese paso van a terminar por chotear y abaratar sus consultas, y la gente terminará por darse cuenta que no es más que una tomada de pelo, pues las decisiones están tomadas con anterioridad.
