Javier Ramírez
Ha pasado poco más de una semana del nuevo gobierno federal, y está por cumplirse la primera de la administración de la Ciudad de México.
Es temprano, mucho muy temprano, para intentar siquiera hacer una prospección de lo ocurrirá en los siguientes meses u años con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Aunque hay algunos avezados que notan ya cierta preferencia del Presidente hacia Sheinbaum, -que para nadie es un secreto que es su consentida-, como la candidata natural para postularla dentro de seis años.
Pareciera pronto, pero lo cierto es que este sexenio se caracterizará por muchas cosas, y una de ellas será precisamente una sucesión presidencial adelantada, pues hay varios tiradores con hartas ansias de servir al pueblo.
Pero antes de llegar a ello, que todavía faltará al menos un par de años, hay algunos aspectos a los que vale la pena poner atención tanto en la administración federal, como en la capitalina.
Una de ellas es la tan sobada democracia participativa, la cual hasta el momento le ha servido a López Obrador para compartir la factura con el pueblo sabio de malas decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.
Y ese pueblo, considera el Presidente, prácticamente de la noche a la mañana, además de sabio, también dejará de ser corrupto y corruptor, nos portaremos bien, y por eso, anunció la desaparición de inspectores, que porque se prestaban para la corrupción.
Si la corrupción de los inspectores existe, es porque no hay mecanismos eficientes para denunciarlos, mucho menos que los sancionen, y que no dejen en la indefensión a quien los exhiba.
Y eso de los inspectores es un decir, porque no pocos de los que acompañan ahora a AMLO en el gobierno federal, siendo altos servidores públicos bajo otras siglas partidistas, encontraron la forma de allegarse dinero no precisamente de la manera más honesta, quizá no ilegal, pero sí inmoral.
Queda pendiente ver si los que no suelen participar de actos de corrupción se desilusionan por la falta de acciones concretas para combatirla, o, si López Obrador sigue creyendo que árbol que nace torcido, sí se endereza.
Y por ahí van también las acciones que ha tomado la Jefa de Gobierno, porque eso del cambiar las foto multas a faltas cívicas, pues se antoja, en el mejor de los casos, ingenuo, sino es que hasta contraproducente.
El asunto de fondo con las foto multas no era la cantidad de dinero de la sanción, porque no era gravosa para quienes conducen, pero sí era efectiva para limitar la velocidad.
Que al ahora Miguel Ángel Mancera le quiso encajar el diente a lo recaudado, o beneficiar a alguna empresa, es cosa distinta.
Pero para contrarrestar eso bastaba con transparentar el ingreso de los recursos, y si quería, hasta echar abajo la concesión, ya se hizo hace 20 años con la empresa Cosmocolor, y la elaboración de licencias para conducir, y que le costó una sanción millonaria y la inhabilitación por 20 años a Fernando Peña Garativo, director de Servicios al Transporte en la última regencia de la capital. Pero con eso de que no se perseguirá a nadie, y borrón y cuenta nueva para todos, resulta con mayor beneficio mediático cancelar las foto multas, pues se optó por algo que tendrán que afinar a detalle.
Porque no quedó claro qué trabajos comunitarios harán los infractores, ni tampoco hay garantía que eviten hacerlos con una módica cooperación para quien esté a cargo de supervisar eso.
Piquete de ojos
¿De verdad era el mismo cuerpo represor los granalocos de hace 50 años, que el cuerpo policiaco de ahora, como para reivindicar esa demanda? No era desaparecerlos, sino capacitarlos.
