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DE AQUÍ SOY / La espera

El 5 de septiembre Edmundo Garrido, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aseveró que era falso un supuesto citatorio para que compareciera el alcalde electo de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil ante dicha dependencia.

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Gerardo Jiménez

El pasado 15 de octubre, el Procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio designó a un equipo de la Coordinación Auxiliar para llevar a cabo el análisis de dos Carpetas de Investigación iniciadas por familiares de víctimas de la Discoteca New’s Divine, tragedia ocurrida el 20 de junio de 2008 contra el Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quien fuera Jefe delegacional en ese entonces.

Ese día se garantizó el compromiso que se llevaría a cabo un minucioso estudio del caso, después de que el propio Garrido Osorio había negado alguna investigación penal sobre el nuevoAlcalde en GAM, se pidió tiempo, pero no se dijo cuánto.

Ese 15 de octubre era la fecha límite para que la autoridad judicial determinara si ejercía o no alguna acción penal contra Chíguil, pero todo quedó en un impás, en la Procuraduría capitalina se informó que la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos había cumplido con el plazo fijado por el juez de control sometiendo al análisis del área de Ministerio Públicos Auxiliares del titular de la dependencia las dos carpetas de investigación y para ello, no hay una fecha establecida todavía, para determinar si se ejercita alguna acción penal contra Chíguil.

De la determinación fueron notificados el Juez de Control y los padres de las víctimas.

El viernes 26, nuevamente realizaron una manifestación no solo para recordarle al Procurador de Justicia su compromiso, sino para exigir que el Ministerio Público, Fernando José Gómez, responsable inicial de las carpetas de investigación sea destituido, argumentando que no se ha desempeñado con probidad y honradez en el cargo.

No se debe olvidar que cuatro días antes de tomar protesta en el Congreso de la Ciudad de México como alcalde, Francisco Chiguil y Rafael Bustamante Martínez, quien fuera director de Gobierno en esa demarcación, fueron citados en calidad de imputados ante un juez de control, acusados por los delitos de violaciones graves a los derechos humanos, uso ilegal de atribuciones y facultades, lesiones y homicidio, con base en las Carpetas de Investigación CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2313/06/2018 y CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2314/06/2018, referentes a las muertes ocurridas en la discoteca New’s Divine, pero ninguno de los acusados asistió.

La audiencia se llevó acabo el 27 de septiembre a las 13:02 horas en la sala de Oralidad 13 del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por el juez Víctor García. Ese día tampoco acudió el Ministerio Público, Fernando José Gómez, de la Unidad del MP sin detenido B1, adscrito a la Agencia de Investigación B de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien debería fundamentar una posible acción de la justicia contra el ahora alcalde en Gustavo A. Madero.

Quienes sí acudieron fueron víctimas del fallido operativo del 20 de junio de 2008, en el que 12 personas murieron y 16 resultaron gravemente heridas.

Claudia N. Estuvo presente en representación de su hija Jennifer N., quien sufrió secuelas de por vida. También estuvo en la sala de oralidad su hermana, Jessica N., también en calidad de víctima.

También acudió Martín Rocha Sánchez, en representación de su hija Erika Janet Rocha Maruri, quien también fue víctima de ese fallido operativo realizado en la discoteca.

Con base en las declaraciones hechas por el abogado defensor de estas personas, Moisés Martín Castillo, planteó que era de urgencia citar a Chíguil.

“También llama la atención su señoría que precisamente esta audiencia se genera por su servidor con el carácter de urgente por el temor fundado que existe de que uno de los imputados, que es el señor Francisco Chíguil Figueroa, quien es alcalde electo por la demarcación Gustavo A. Madero y quien toma posesión precisamente el día primero de octubre y rinde protesta ante la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México en esa fecha, existía el temor fundado de que pudiese evadir la acción de la justicia, porque en esa fecha será investido de fuero constitucional y precisamente por ello, la necesidad de pedir que se generara la audiencia como se generó con el carácter de urgente”, fundamentó el letrado, durante la audiencia.

Claudia N., madre de Jennifer demandó al Juez justicia.

“Llevo diez años luchando porque se haga justicia, luchando contra gente que no me hace caso, luchando porque la persona que hizo daño pague, llevo diez años tocando puertas, pidiendo apoyo, pidiendo auxilio y como ahorita no hacen caso, entonces, yo me pregunto, ¿en dónde está la justicia para Jennifer, para mí, para mi familia, es muy desgastante despertarme y preguntarme, qué sigue, qué situación de vida le espera a Jennifer, a mí, a mi familia”, dijo al juez de Control.

El 5 de septiembre Edmundo Garrido, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aseveró que era falso un supuesto citatorio para que compareciera el alcalde electo de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil ante dicha dependencia.

Dicho citatorio apuntaba a declarar sobre la apertura de una carpeta de investigación girada por ejercicio ilegal del servicio público, lesiones y homicidio, en la que se llamaba al ex delegado de Gustavo A. Madero para presentarse el 7 de septiembre.

El juez Víctor García fijó una nueva audiencia para 1 de octubre, luego de que el representante social presentó licencia médica del 26 al 29 de septiembre.

La hora fijada para la nueva audiencia fue el 1 de octubre a las 12:15 horas en la Sala 10 de Oralidad. En ese momento Francisco Chíguil rendía protesta como nuevo alcalde en Gustavo A. Madero.

También fue aprobado por el Juez que se notificara al presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, al Instituto Electoral local y al jefe de Gobierno que Chíguil está siendo investigado penalmente por distintos delitos.

No el 1 ni el 15 de octubre surgió una resolución sobre este caso, durante el cual, según los propios familiares de las víctimas, han colando justicia y está no ha sido expedita, se podría argumentar que los delitos imputados ya prescribieron, pero no debe exigir confianza, porque a través de organismos internacionales se está dando también un litigio.

A simple vista, podría parecer una estrategia dilatoria para que la actual administración de Garrido Osorio deje la papa caliente al futuro o futura titular de la PGJ capitalina, al fin, todo queda en familia.

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