Gerardo Jiménez
Las lecciones que dejó el último sismo del 19 de septiembre de 2017para la ciudad, pero sobre todo, para la actual Jefa de Gobierno fueron un eje para la gobernanza.
Ahí están los errores cometidos en la edificación del colegio Enrique Rébsamen, que por meses se convirtieron en una loza para Sheinbaum al ser Jefa delegacional en Tlalpan, esa experiencia sirvió para que la actual titular de la administración local pusiera atención en temas como la reconstrucción, resiliencia, pero sobre todo, en Protección Civil y Atención de Riesgos.
Las malas lenguas comentan que en privado, la Jefa de Gobierno comentó a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas que se pusiera mucha atención en el tema: “No quiero que me vuelvan a tacar por eso…”, expreso la Jefa del ejecutivo local.
Sin embargo, el 4 de agosto que fue publicada la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México viene con una serie de errores, que han sido detectados por especialistas y por directores de Protección Civil de algunas alcaldías de la Ciudad de México.
Entre los que nos enumeraron se encuentran que las obras públicas, hablemos de grandes construcciones, principalmente ya no estarán obligadas a tener un Plan Interno de Protección Civil de Obra.
De presentarse un accidente, de los que son comunes en este tipo de edificaciones hoy en día, los responsables podrán estar deslindados de algún tipo de delito.
Otra novedad, es que los programas de Protección deberán ser registrados en línea en un plataforma que nadie sabe cuándo se pondrá en funcionamiento y que según nos cuentan, hasta de manera arbitraria se elegirán los inmuebles o establecimientos para ser supervisados.
Se han establecido criterios como “inmuebles” y “establecimientos”, donde, principalmente, los edificios privados ahora estarán catalogados como “establecimientos”, con reglas más laxas, donde la observación puntual que nos hicieron fue que después de que se debían cubrir diversos requisitos, ahora, solamente será condicionante para una clausura no contar con una póliza de seguro a terceros como se establece en el artículo 62 de dicha ley.
“Las empresas clasificadas como de mediano o alto Riesgo, conforme a lo que se establezca en el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, vigente en todo momento, que cubra e indemnice a los terceros en sus bienes y personas. La cantidad mínima asegurada se establecerá en el Reglamento”, el Reglamento será expedido en al menos un mes más.
Los mal pensados señalan que esto podría interpretarse como un “negociazo” con las aseguradoras y también señalan como responsable de esta decisión al director de Asuntos Jurídicos, Jorge Antonio Ortiz Torres.
Esto llama de sobre manera, en una ciudad de alto riesgo como lo es la capital de México en la que hay censados más de cuatro mil edificios de gobierno, de esta cifra más 100 cuentan con un Programa Interno de Protección Civil.
Otros cuatro mil aproximadamente son privados y al menos ocho mil planteles escolares públicos y privados forman un riesgo real.
Ahora no se establecen criterios para determinar, principalmente en los colegios, cuáles son de bajo, mediano y alto riesgo.
De acuerdo con las quejas que se han externados, curiosamente, los planteles privados serán catalogados de alto riesgo y con ello, se incrementará la prima de su seguro.
Mientras que las escuelas públicas podrían ser consideradas de bajo riesgo, ese, si es un riesgo. En todos los casos, se debería ponderar la salvaguarda de vidas humanas, más estrictos en el nuevo ordenamiento.
A eso hay que sumarle que en el Congreso de la Ciudad, esta ley estuvo más que planchada, sin ninguna objeción, ni siquiera el pétalo de una coma la tocó.
Quizá quien debe poner más atención en estos asuntos y hacer las observaciones respectivas, ya que es un especialista en la materia es Carlos Sainz Luna, el subsecretario, ya que Urzúa Venegas es considerada una académica, que conoce como bajar y concentrar recursos como lo hacía desde la CEPAL.
