Por Nashieli Ramírez Hernández
@NashieliRamirez / @CDHDF
El crecimiento urbano de la Ciudad es una agenda de enormes dimensiones, en donde la corrupción, en el contexto de los proyectos inmobiliarios y de las obras públicas, tiene la potencialidad de ser factor detonante de la pérdida de vidas humanas. La corrupción que se vuelve mortífera es especialmente reprobable, no sólo por sus consecuencias más evidentes, sino porque implica la normalización de conductas sociópatas que terminan por lastimarnos y degradarnos como sociedad.
Entre los años 2011 y 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investigó 234 quejas relacionadas con los diversos temas inherentes al crecimiento urbano. En el marco de las investigaciones, la CDHDF ha podido constatar la existencia de problemáticas estructurales en la política y gestión urbanas, principalmente deficiencias en la planeación, ordenación, ejecución y vigilancia de los proyectos inmobiliarios y de las obras públicas.
En el marco del trabajo de la CDHDF, en el periodo ya referido, se emitieron 23 Recomendaciones en la materia, mismas que fueron agrupadas en cuatro grandes temas: desarrollos inmobiliarios de uso habitacional y mixto; megaproyectos para la movilidad y el esparcimiento; estándares de accesibilidad universal y de seguridad en las obras públicas, y expropiaciones y permutas para realizar obras públicas o para preservar el medio ambiente.
De las 23 Recomendaciones analizadas, sólo seis han sido concluidas. Si bien la mayoría de los puntos recomendatorios han sido aceptados por parte de las autoridades, éstas, en general, se muestran reacias a aceptar los puntos recomendatorios relativos a la imposición de sanciones. La falta de sanción efectiva es caldo de cultivo para la corrupción y, por ende, debe atenderse este fenómeno de impunidad.
Por lo ya mencionado, la CDHDF, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas en la materia, con apoyo y financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de a CDMX, realizó el Informe Especial “Crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México”. En este Informe se identifican las principales problemáticas relacionadas con el crecimiento urbano, así como los diversos derechos humanos que entran en juego al analizar tales problemáticas.
Es importante, entonces, analizar con un enfoque de derechos humanos los cinco principales desafíos para la Ciudad en materia de crecimiento urbano:
Primer desafío: Conservar al máximo las zonas protegidas y cuidar el equilibrio ambiental. El área rural en la Ciudad corresponde al 59% del territorio y se encuentra principalmente en el suelo de conservación. Las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco cuentan con los mayores porcentajes de suelo de conservación.
La Ciudad de México cuenta con 23 áreas naturales protegidas y un área comunitaria de conservación ecológica, equivalentes a 17% del suelo de conservación. Según informes estadísticos, para 2030 se habrá perdido aproximadamente 30% del suelo de conservación. La pérdida del suelo de conservación pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes, provoca la extinción de su patrimonio natural y cultural, una disminución de la calidad del ambiente y genera la presencia de hundimientos.
En esta materia existe una problemática particular por la confrontación de grupos sociales que apoyan y realizan la ocupación de suelos de conservación buscando posteriormente regularizar la posesión.
Segundo desafío: Cubrir las necesidades de vivienda de la población. La Ciudad de México representa aproximadamente un 7.5% del total de la población del territorio mexicano.
Según datos del INEGI, hasta 2015 en la Ciudad de México se contaba con 2.601.323 viviendas particulares habitadas, de las cuales 64.57% eran casas, y 29.85% departamentos. Algunos investigadores estiman que en 15 años se requerirá generar más de 350.000 nuevas viviendas. En este contexto, el crecimiento urbano de la Ciudad está vinculado con la efectiva garantía del derecho humano a la vivienda digna. La CDMX necesita una política pública de vivienda, que sea accesible y que no implique un crecimiento urbano desordenado y excluyente.
Tercer desafío: Atención a las necesidades de movilidad, obras y servicios públicos.
En la Ciudad se realizan aproximadamente 1.300.000 desplazamientos al día. En el periodo comprendido entre 2007 y 2017 se realizaron 15 obras públicas de infraestructura para transporte; 26 para infraestructura vial, 7 obras realizadas por empresas privadas y 12 en coordinación de ambos sectores, además de 5 obras específicas para incrementar la movilidad.
En este sentido, la CDHDF ha emitido 3 recomendaciones relacionadas con movilidad y megaproyectos; en las tres recomendaciones se detectaron afectaciones de alto impacto en la calidad de vida de la población, falta de transparencia en las decisiones públicas, obstaculización y retraso en la entrega de la información, violación al derecho a la consulta y participación, represión a la manifestación de ideas y falta de validación de diferentes afectaciones provocadas por la acción pública.
Cuarto desafío: Garantizar el Derecho a la Ciudad. La accesibilidad universal y la seguridad en espacios públicos, medios de transporte y entorno público, así como la recuperación de los espacios de convivencia y solidaridad, son temáticas esenciales para la plena garantía del Derecho a la Ciudad. Este derecho y el crecimiento urbano tienen una relación instrumental en la que éste debe servir a la plena realización del Derecho a la Ciudad.
Quinto desafío: La reconstrucción de la Ciudad de México y su reconocimiento como Ciudad Sísmica.
La Ciudad de México es una Ciudad Sísmica. Esta constante no debe ser soslayada en las discusiones sobre crecimiento urbano. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó en evidencia diversas problemáticas urbanas y mandó una alerta ineludible sobre las condiciones actuales del suelo de la Ciudad, posicionando en la agenda pública la urgencia de revisar la normatividad y la política pública en materia de prevención de los desastres naturales, ordenamiento territorial, construcciones y planeación urbana.
El fenómeno sísmico dejó al descubierto una serie de irregularidades y omisiones que la CDHDF se encuentra investigando en el marco de las cerca de 200 quejas en trámite y en desarrollo de otro Informe Especialrelacionado con los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre, el cual será puesto a disposición de la Ciudad, con este mismo entorno: presente, futuro y porvenir, en términos de atención y generación de políticas públicas de manera inmediata.
El informe es un insumo de trabajo que la CDHDF pone a disposición en aras de tener una Ciudad más segura, preparada para sus inevitables riesgos y reconstruirla sobre bases sólidas, mismas que no pueden darse si no tenemos un crecimiento urbano en la lógica de los derechos humanos.
