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DERECHOS EN LA MIRA / Hacia el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano

DERECHOS EN LA MIRA / Hacia el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano
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Nashieli Ramírez

Al cierre de la sesión ordinaria del pasado 30 de abril, fue aprobado por el Senado de la República el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados que, como órgano revisor, deberá enviar el dictamen de regreso al Senado.

De aprobarse la adición del apartado C al artículo 2° estaríamos ante un momento histórico como nación pues se daría un avance importante para subsanar más de 400 años de deuda con el pueblo afromexicano que ha sido invisibilizado y excluido.

Ni al abolirse la esclavitud, configurarse una República o durante los procesos constituyentes de los siglos pasados se les reconoció en la conformación de la nación mexicana.

Aún en la actualidad, por ejemplo, la historia difundida a través del Sistema Educativo Nacional tampoco identifica como afromexicanos a personajes tan importantes en la historia de nuestro país como Vicente Guerrero, José María Morelos o Gaspar Yanga, entre otros.

La población afrodescendiente de México padece, al igual que otros grupos poblacionales, una situación de discriminación estructural que se traduce en la notoria desigualdad en el ejercicio de sus derechos humanos individuales en general, con especial énfasis en la afectación a la salud y a la educación.

Sin embargo, la afectación es también colectiva pues no se ha reconocido el patrimonio cultural material e inmaterial o, incluso, su territorio.

De acuerdo con datos recabados en la Encuesta Intercensal 2015 -en la que por primera vez se obtuvo información sobre afrodescendencia- en la Ciudad de México el 1.8 por ciento de la población se identifica como tal. Las alcaldías con mayor porcentaje de población afrodescendiente son Tláhuac, seguida de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.

Desde hace muchos años, las organizaciones y colectivos de personas afrodescendientes, acompañados de instituciones públicas gubernamentales y académicas, han exigido el reconocimiento Constitucional, sin que hasta ahora se tradujera en una realidad.

En el país, la Constitución Política de la Ciudad de México fue la tercera en reconocer los derechos de las personas afrodescendientes, a la cual le siguió Veracruz. Las dos primeras fueron Oaxaca y Guerrero y, aunque en legislaturas pasadas fueron presentadas iniciativas para lograr el reconocimiento constitucional nacional, ninguna prosperó.

Las deudas pendientes del Estado mexicano hacia la población afromexicana fueron expresadas en octubre pasado por un grupo de organizaciones durante la celebración del 169 período de audiencias convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las exigencias entonces planteadas ante el Estado mexicano fueron encabezadas por el reconocimiento constitucional.

El pasado 9 de mayo, se llevó a cabo una segunda audiencia temática ante la CIDH, solicitada por organizaciones afro cuyo tema fue “El criterio racial en el censo 2020 de México”.

Durante la audiencia, las organizaciones expusieron, entre varias demandas, la inclusión de la pregunta de auto identificación étnico racial tanto para afrodescendientes como para indígenas en el Censo 2020 coordinado por INEGI, así como la garantía presupuestaria para su concreción.

Sumado a ello, exigieron inclusión y participación para el diseño de la pregunta, así como incluir más de un etnómino en ella pues en cada región se identifican distintos nombres para autoidentificarse: negra, morena, afro, entre otros.

Ahora, la Cámara de Diputados cuenta con una responsabilidad ineludible en el cumplimiento de este importante pendiente para las personas afrodescendientes de México, lo que sentará las bases para contar con una adecuada legislación secundaria y el subsecuente diseño de políticas públicas que deberá subsanar de manera progresiva la brecha de desigualdad.

En el tránsito entre la cámara revisora y la de origen, podría haber modificaciones que, en el mejor de los casos, robustecieran el reconocimiento constitucional de las personas y comunidades afromexicanas.

Finalmente, para la Comisión, resulta importante la incorporación de medidas específicas tanto en el Sistema de Planeación Democrática y Prospectiva como en el Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de forma que se atienda, de manera progresiva, la brecha de desigualdad existente entre el ejercicio de derechos, así como se procure el reconocimiento de las manifestaciones culturales, la historia y la identidad afromexicana.

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