Nashieli Ramírez Hernández
Gestionar y dar seguimiento a las investigaciones que contribuyen a determinar la existencia de una violación a los derechos humanos, a señalar la directa o indirecta responsabilidad del Estado o de sus operadores y a determinar la adecuada reparación de los daños ocasionados por la actuación indebida del Estado, forma parte de las acciones sustantivas de los organismos públicos de derechos humanos.
Para alcanzar el objetivo anterior resulta fundamental la existencia y puesta en marcha de procedimientos breves y sencillos que faciliten el acceso a la justicia de las personas agraviadas.
Los procedimientos de conciliación, también llamados “procedimientos de solución amistosa”, representan un recurso clave para proteger los derechos humanos de las personas quejosas. Su fundamento, dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 48.1.f) la cual prevé que los litigios entre los Estados y las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus representantes pueden resolverse, en sede de la Comisión o de la Corte, a través de un acuerdo amistoso.
Procedimentalmente dichos acuerdos conllevan, al menos, dos etapas. La primera de ellas supone un acuerdo entre las partes en el que, por regla general, el Estado acepta los hechos alegados por los peticionarios y reconoce su responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos previstos en la Convención.En la segunda etapa, una vez resuelto el fondo del conflicto, se pasa a solucionar lo relativo a las reparaciones y costas que le corresponde asumir al Estado a favor de las víctimas; la determinación de las reparaciones puede lograrse también de común acuerdo.
El sistema mexicano de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, observa entre sus atribuciones el establecimiento de acuerdos de conciliación como una opción que se pone a disposición de las partes, siempre que el objeto de litigio sea susceptible de la misma.
Bajo la lógica anterior y con la plena convicción de ser actor relevante en la conciliación de los intereses de las víctimas de violaciones a los derechos humanos frente a los del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene entre sus atribuciones, establecidas en la Ley y su Reglamento, procurar la conciliación entre las partes como medio para concluir un procedimiento de investigación, siempre y cuando sea posible obtener una solución en favor de las personas agraviadas, lo que implica que la autoridad muestre señales de dar cumplimiento a las medidas conciliatorias y no se trate de violaciones graves a los derechos humanos; esto es, que no impliquen ataques al derecho a la vida, a la integridad física o psíquica de las personas, a la libertad, a la seguridad, así como aquellas que puedan afectar a una colectividad o grupo de individuos.
En este marco, el pasado 23 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal fungió como testigo de honor en la firma de cuatro acuerdos de conciliación (01/2018 CVG, 02/2018 CVG, 02/2018 SVG, y 02/2018 TVG) suscritos por personas víctimas (directas e indirectas) y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, por violaciones al derecho de las mujeres y de la niñez a una vida libre de violencia con relación al derecho al debido proceso por parte de personal del Hospital General Gregorio Salas; por violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes en relación con el derecho al debido proceso por parte de personal de trabajo social del Hospital Pediátrico de Iztacalco; por violaciones del derecho a la salud de personas privadas de su libertad; y por violaciones al debido proceso por parte de personal directivo y administrativo del Hospital General “Dr. Rubén Leñero”.
De manera genérica, las medidas de conciliación incluyen: la reparación del daño material e inmaterial a favor de las víctimas directas e indirectas; la actualización de normativa interna que permita mejorar los servicios de salud que se otorgan tanto en Unidades Médicas al interior de los centros de reclusión como en las Unidades de la Red Hospitalaria de la Cuidad de México; así como el reconocimiento de responsabilidad a favor de las víctimas, consistente en disculpas privadas, que deberán contener el reconocimiento de las violaciones acreditadas, el compromiso para la no repetición y demás elementos significativos de carácter inequívoco de respeto y disculpa.
La firma de los citados acuerdos son resultado del trabajo desarrollado por los equipos de la Segunda, Tercera y Cuarta Visitadurías Generales de la CDHDF, quienes llevaron a cabo arduas tareas de investigación de los expedientes de queja, que incluyó entrevistas, solicitudes de información, consulta y análisis de expedientes clínicos, así como la emisión de dictámenes médicos. Asimismo, son reflejo de la labor de mediación de la Comisión y de su capacidad de negociación para el logro de medidas sustentadas en estándares serios de verdad, justicia y reparación de conformidad con el derecho internacional.
Además de la protección de los derechos de las víctimas, la firma de estos acuerdos son excelente marco para la reconciliación, no solo de las víctimas, sino también de paz social y de sana convivencia que busca apaciguar los conflictos surgidos por violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido las conciliaciones aportan un sentido democrático y restaurativo de justicia, tan necesaria y tan apremiante en estos convulsos tiempos.
