Nashieli Ramírez Hernández
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, la Ciudad de México es la segunda entidad más poblada del país con más de 8 millones de habitantes, se estima que alrededor del 10% de la población cuenta con más de 65 años de vida: 506 mil 234 mujeres y 362 mil 922 hombres mayores, representando las mujeres el 52.6% del total de personas mayores que habitan en la ciudad.
La definición cronológica de la edad es un asunto sociocultural, esto es, cada sociedad otorga una definición normativa a los cambios ocurridos en la corporalidad, estableciendo el límite de edad a partir del cual una persona se considera mayor o de edad avanzada. Bajo la lógica anterior, en nuestra normativa local y federal, las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad.
El número de personas mayores es relevante, en términos demográficos, porque irá en aumento en las próximas décadas, ya que se prevé que en el año 2030, la Ciudad de México concentrará el 20.4% del total de personas mayores del país, el más alto porcentaje a nivel nacional y cuya edad promedio será de 70.7 años. Sin embargo, el aspecto sustantivo refiere a la calidad de vida de las personas mayores, la cual depende de la combinación de recursos y oportunidades individuales y generacionales a que tienen acceso las personas a lo largo de su vida, de acuerdo a su condición y posición social. Una mirada de esta naturaleza permite identificar la manera en que la edad interactúa con el género, el origen étnico, la discapacidad, o el nivel socioeconómico, condiciones que condicionan el acceso y disfrute a derechos y oportunidades.
Si bien, la situación de las personas mayores es heterogénea, debido a las múltiples condiciones que les atraviesan, los datos estadísticos visibilizan que, en lo colectivo, son un grupo altamente discriminado, representando, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS, 2017), el sexto lugar de los grupos poblacionales a quienes no se les respeta, se les maltrata y se les da un trato desigual, esto es, sufren mayor discriminación.
Asimismo, la Encuesta de Percepción para Derechohabientes de la Pensión Alimentaria, realizada por Instituto de Atención a los Adultos Mayores, refleja que el maltrato hacia este grupo, es también común; de esta manera, de cinco mil personas entrevistadas, el 52% de las personas mayores reportaron que han sufrido maltrato psicológico, el 11.9% sufrió maltrato económico y patrimonial, 6.9% negligencia y 1.5% violencia sexual; violencias que suelen no ser excluyentes, por el contrario, suelen presentarse de manera paralela, ocasionando que una persona mayor puede ser víctima de varios tipos de violencia a la vez.
En los últimos cinco años la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ha recibido 605 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mayores de las cuales 588 fueron interpuestas este año.
Ante esta situación es urgente visibilizar y trabajar, de manera conjunta con las personas mayores, en la creación de políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida y el ejercicio pleno de sus derechos, esto es, garantizar condiciones materiales que aseguren una vejez digna, en materia de alimentación, vivienda, salud, transporte, cuidados, empleo, etc. Paralelamente, se ha de trabajar en los aspectos estructurales que determinan la posición social de ellas y ellos, esto es, en el imaginario en torno a la vejez, en la solidaridad intergeneracional, y en la promoción de su participación activa a nivel familiar y comunitario.
En la Ciudad de México, la hechura de políticas públicas que atiendan el envejecimiento poblacional e individual, cuenta con una institucionalidad y una normatividad, encabezada por la ya vigente Constitución Política de la Ciudad de México, que lo posibilita. Asimismo, la propia Constitución delinea una serie de medidas programáticas concatenadas en la creación de un Sistema Integral que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o atente contra su seguridad e integridad, tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres mayores que viven y transitan en la Ciudad, cuya puesta en marcha ofrecerá la enorme posibilidad de abatir las brechas de desigualdad que aquejan a este grupo.
Como parte del trabajo en pro de los grupos de atención prioritaria, la CDHDF impulsa, junto con organizaciones de la sociedad civil, la campaña “Soy una persona mayor y exijo la mayor protección a mis derechos humanos”, con el propósito de contribuir a su empoderamiento y hacer presión para que el Gobierno de la República suscriba la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayoresque tiene por objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento, el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Sin lugar a dudas la firma del citado instrumento fortalecerá el deber de garantía del estado Mexicano frente a la construcción de las condiciones óptimas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores.
