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DERECHOS  EN LA MIRA / Recomendación 11: justicia para Josafat

DERECHOS  EN LA MIRA / Recomendación 11: justicia para Josafat
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Nashieli Ramírez Hernández

En nuestro país el derecho a la vida se encuentra gravemente amenazado, así lo señaló el informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, sobre su misión en México en 2013.

Dicha problemática abarca todo el territorio nacional y la Ciudad de México no es excepción. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado que tan sólo en el periodo comprendido de enero de 2010 al 20 de agosto de 2018 se han tramitado al menos 72 quejas, de las cuales 42 correspondieron a la presunta violación de ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria, y 30 relacionadas con la falta de adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida. Asimismo, la CDHDF, en el período de tiempo mencionado, ha emitido 3 recomendaciones en las que se ha comprobado la vulneración al derecho a la vida en 8 expedientes de queja.

Las vulneraciones del derecho a la vida son el resultado de faltas en la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones al derecho a la vida y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él; también conlleva deficiencias en la investigación, en la identificación de las personas responsables y que no se les exija que rindan cuentas de sus actos ni se otorgue reparación a las víctimas.

Todas esas deficiencias estuvieron presentes en la muerte de Josafat Hasam López Balderas en manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el 28 de diciembre de 2012.

El joven Hasam era un estudiante de la Licenciatura de Medicina, quien el día de su deceso acudió a la zona de Tepito de compras, sin saber que se desencadenaría una serie de sucesos que culminarían en hallarlo sin vida dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al homicidio del estudiante de Medicina le siguió una serie de abusos y errores publicados en comunicados oficiales, en donde de manera infundada lo calificaron de adicto y delincuente; asimismo, se difundieron imágenes de su cuerpo sin vida, vulnerando con ello la honra, imagen y memoria de la víctima, y prejuzgando los motivos de su estancia en ese lugar, generando un prejuicio respecto a que había cometido un delito, vulnerando con ello la percepción que de él se tenía en la comunidad en la que se desenvolvía, ante sus familiares, compañeros de escuela y amigos.

Bajo la línea de lo anterior, el estándar probatorio que debe seguirse en casos de violaciones a derechos humanos, sobre todo en los que por su gravedad se requiere de una respuesta estatal sobrecalificada, como la privación arbitraria de la vida, establece que es la autoridad responsable la que debe desvirtuar fehacientemente su responsabilidad mediante pruebas idóneas, lo que en el presente caso no ha sucedido, pues continúan sin esclarecerse los hechos respecto de cómo se privó de la vida a Josafat.

A casi seis años de iniciada la investigación ministerial con motivo del fallecimiento de Josafat Hasam López Balderas, si bien se ha consignado en diversas ocasiones por el delito de homicidio calificado, y devuelta para su perfeccionamiento por la autoridad jurisdiccional, se tiene conocimiento que a la fecha dicha investigación fue enviada a la reserva, acrecentando con ello la impunidad y la falta de acceso a la verdad y a la justicia que demanda la familia de Josafat, particularmente su madre, Guadalupe Josefina Balderas Barrios, quien ha sufrido una constante revictimización por la inadecuada actuación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, instituciones todas de la Ciudad de México.

Por ello, el pasado 11 de septiembre, la CDHDF presentó la Recomendación 11/2018 por violaciones al debido proceso y al acceso a la justicia, a la vida, a la salud, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica y los derechos de la víctima o persona ofendida.

De entre los (dieciséis) puntos recomendatorios destacan: el generar y ejecutar un plan integral individual de reparación para las víctimas indirectas; llevar a cabo una disculpa pública, en la que se reconozca la responsabilidad en la violación a derechos humanos, se explique a la opinión pública lo ocurrido y reivindique la memoria de Hasam; reabrir la averiguación previa para continuar la investigación del delito de homicidio; identificar a los policías que tuvieron alguna participación en los hechos para que rindan su testimonio ante el Ministerio Público; revisar y actualizar el protocolo de actuación policial en las detenciones, y elaborar y publicar un protocolo para la investigación eficaz de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

La Comisión solicita, a través del instrumento recomendatorio enunciado, que las autoridades capitalinas reconozcan las graves omisiones cometidas en el caso de J. Hasam López, la acepten y, con ello, enmienden, restablezcan y direccionen las líneas de investigación y prácticas forenses, que se traduzcan en investigaciones imparciales, serias, eficaces, transparentes y congruentes, que desalienten el ya tan alimentado ciclo de impunidad que ha impedido que se esclarezcan los hechos cometidos a lo largo de estos años, y, con ello, se logre identificar plenamente la participación de cada uno de los servidores públicos involucrados, a fin de contar con una investigación exhaustiva, delimitada bajo los más altos estándares internacionales en la materia, allegándose de las periciales que permitan esclarecer el alcance de la lesión observada en la víctima.

Asimismo, la Recomendación 11/2018 busca reivindicar la memoria de Hasam, y que hechos como los expuestos no vuelvan a repetirse en agravio de ninguna otra persona, de ninguna otra u otro joven.

*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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