DERECHOS EN LA MIRA / Retos de las tecnologías de información y comunicación para la prevención de violaciones a derechos
Nashieli Ramírez Hernández
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha transformado las relaciones interpersonales con nuevas herramientas para el contacto y comunicación de las personas. Lo anterior trae muchos beneficios y, también, nuevos riesgos jamás imaginados.
El entorno digital genera espacios donde se expone la vida personal e íntima, lo cual supone otras formas de relaciones afectivas que no están exentas de las dinámicas de violencia y discriminación presentes en todo tipo de interacción.
Por ello, es necesario prevenir dichas dinámicas, en especial contra las mujeres y otros grupos de atención prioritaria, como son los Niños, las Niñas y los Adolescentes (NNA), la población LGBTTTIQA+, las Personas con Discapacidad (PcD), afrodescendientes, indígenas, entre otros.
En cuanto a la violencia de género en particular, podemos señalar que ante el surgimiento de movimientos mundiales como el de #MeToo, #TimesUp, #BalanceTonPorc o #MiPrimerAcoso, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en diciembre pasado la primera resolución sobre el acoso sexual que obliga a los Estados miembros a considerar formas de prevenir y eliminar esta violencia contra mujeres y niñas. En ella, llama a los países para que las compañías de tecnología digital, incluidos servicios de internet y plataformas digitales fortalezcan y adopten medidas positivas para eliminar la violencia y el acoso sexual en contextos digitales.
Por lo anterior y ante el reconocimiento de la existencia de nuevos patrones en los que se manifiesta la violencia sexual, cabe mencionar que, si bien tales conductas actualizan los delitos tradicionales tales como las amenazas y el acoso sexual, también se cometen otras conductas que caen en la arena de la responsabilidad civil y que afectan los derechos a la vida privada, el honor y la propia imagen de las personas. Un reto para ambas esferas jurídicas, tanto penal como civil, lo constituye la necesidad de adaptar las disposiciones sobre medios probatorios para que, efectivamente pueda establecerse una sanción.
Un reto adicional es la identificación de la persona responsable de la conducta pues el anonimato que facilita la red juega a su favor. Basta señalar las prácticas comunes en las que se violenta y extorsiona a las personas, en especial mujeres y niñas, a partir del intercambio de fotos íntimas en redes sociales y mensajería electrónica.
Es indispensable atender tal reto por el alto impacto que tienen las conductas delictivas que se materializan a través del uso de las TIC. Recordemos que sus efectos son de amplio espectro tanto por la inmediatez del impacto como porque no solo afectan el fuero íntimo de las víctimas directas, sino que pueden llegar a dañar de manera grave e indirecta a personas en su entorno familiar, social, laboral y económico.
Al final, la reparación del daño es realmente compleja y resulta nugatorio para las víctimas el ejercicio de su derecho al olvido.
Para atender tal amenaza a la vida privada de las personas, es necesaria la capacitación a las personas servidoras públicas que deben de contar con una sólida formación técnica y un fuerte andamiaje jurídico ministerial, procesal, judicial y de derechos humanos para atender debidamente las denuncias sin afectar la libertad de expresión.
Es debido reconocer los esfuerzos que, desde el Congreso de la Ciudad de México, se están dando para prevenir y sancionar las conductas de violencia sexual en las TIC. En particular, los debates orientados a fijar tres cuestiones principales: determinar si es pertinente considerar el ciberacoso como un delito autónomo; considerar el grado de responsabilidad que tienen las personas intermediarias como empresas y personas que proveen servicios digitales; y la necesaria armonización con el contenido de leyes generales como la de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras disposiciones, lo que le imprime la necesidad de prevenir la invasión de competencia.
Tales esfuerzos están encaminados a atajar las nuevas formas de violencia sexual en redes, pues la afectación que representa para la dignidad de las personas ofendidas, que con frecuencia son mujeres y niñas, debe comprender una sanción adecuada, así como un adecuado mecanismo de prevención.
Como en muchos casos satisfactorios, el tomar este reto como propósito en la esfera pública implica diálogo y consenso entre diversos actores: víctimas, sociedad civil, academia, personas servidoras públicas involucradas, entre otras. Lo anterior permitirá que la Ciudad de México cumpla con las obligaciones establecidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y otros instrumentos internacionales que sancionan el discurso de odio y la intolerancia que afecta a personas pertenecientes a otros grupos víctimas de la discriminación estructural.
Hace unos días, “murió” Opportunity, el androide que durante muchos años seguimos algunas personas, más aquellas de las nuevas generaciones y a través del cual se puso en evidencia la posibilidad de que las personas nos vinculemos personal y emocionalmente con fenómenos protagonizados por instrumentos a los que les damos vida. No puede subestimarse esta nueva manera de vinculación y, por tanto, debemos procurar la mejor forma de relacionamiento entre las personas y el fenómeno digital y tecnológico.
