Por Nashieli Ramírez
@NashieliRamirez @CDHDF
La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) reveló que desde el principio del mandato de Enrique Peña Nieto al 27 de mayo de 2018 fueron asesinados 81 presidentes municipales: 49 que habían dejado su cargo, 27 en sus funciones y cinco recién electos.
Asimismo, un informe publicado en enero por la iniciativa Justice in Mexico indica que hoy en día, en nuestro país, quienes ocupan un cargo de presidente municipal tienen tiene 12% más de probabilidad de ser asesinado(as) que cualquier ciudadano, revelando que participar en la política de México es un oficio altamente peligroso.
Las mujeres candidatas o en funciones no están exentas de ser blanco de violencia política: de acuerdo con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). De 2016 a la fecha se han recibido 200 denuncias por violencia política contra las mujeres, que van desde agresiones verbales hasta violencia física.
A estas cifras se suman los recientes acontecimientos que muestran la grave situación: Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata a segunda concejal de la coalición PRI, PVEM y Panal a la presidencia municipal de Juchitán, fue asesinada a tiros en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; ese mismo fin de semana, en el municipio de Zihuateutla, Puebla, fue ultimada Juana Iraís Maldonado Infante, candidata del PVEM a diputada por el distrito local de Huauchinango. Los asesinatos de Pamela y de Juana son deleznables y con graves consecuencias, porque además en dichos eventos perdieron la vida otras de sus colaboradoras.
Es indispensable no naturalizar los diversos matices que toma la violencia: presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, omisión de información, exclusión de la toma de decisiones, desprestigio y/o privación de la libertad.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) resulta prioridad institucional la suma de esfuerzos, para lograr que las mujeres sean reconocidas como sujetos políticos y tengan las condiciones para ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones que de ello deriven. De 2014 a la fecha, la CDHDF han abierto 11quejas sobre violencia política y violencia política de género, en las que se puede presumir la participación de personas servidoras públicas; por ello y con objeto de orientar a las mujeres que son violentadas en el ejercicio de sus derechos político-electorales sobre la actuación de las autoridades competentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia, diversas instituciones de la Ciudad de México desarrollaron la “Guía para la atención de la violencia política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México”.
La CDHDF también ha dado difusión a la campaña #NoEsElCosto, impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres, en la que mujeres que participan en la esfera pública dan un testimonio sobre violencia política contra ellas, sabedoras de que, si todas y todos asumimos nuestra responsabilidad, podremos prevenirla, detenerla y erradicarla.
La violencia generalizada que azota a nuestro país requiere de una mayor cantidad de herramientas, para que quienes funjan como observadoras electorales realicen su labor de manera segura. El pasado 8 de junio la CDHDF fue sede del Taller de seguridad digital para mujeres integrantes de grupos de observación electoral, organizado por el Instituto Nacional Demócrata, con el objetivo de compartir conocimientos y herramientas digitales que les permitan a las mujeres la incorporación del enfoque de observación y documentación de la violencia en las elecciones, para realizar su labor de manera más segura.
Desafortunadamente, en nuestro país la violencia política en razón de género no se presenta únicamente en tiempos de contienda electoral, sino que es cotidiana para las mujeres que participan en organizaciones comunitarias y para aquéllas que intervienen en organizaciones estudiantiles o sindicales.
Resulta crucial en términos de legitimidad de las próximas elecciones, no sólo garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos libremente y en condiciones de seguridad, sino ampliar nuestra concepción sobre los espacios en los cuales las mujeres participan, para que tengan los medios y condiciones necesarias a efecto de ser las aspirantes a un puesto de elección popular, precandidatas, candidatas, funcionarias electorales, votantes, militantes de organizaciones de la sociedad civil, o integrantes de asociaciones comunitarias, barriales, vecinales, escuelas y sindicatos, entre otros.
Lograr la participación sustantiva de las mujeres es un reto que implica derribar los obstáculos asociados a la desigualdad de género, la tensión entre lo público y lo privado, y la escasa valía que, en ocasiones, se otorga a la agenda de las mujeres.
* Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
