Por Javier Ramírez
El inicio del mes de julio será muy complicado para la administración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.
Por un lado, habrá que esperar que las elecciones del 1 de julio en la capital se realicen, efectivamente, sin ningún tipo de violencia.
Y exactamente un día después, el 2 de julio, es probable que el gobierno capitalino se enfrente a un problema que poco a poco podría crecer hasta complicarse mucho para el gobierno.
Se reanudará la verificación obligatoria para todos los vehículos emplacados en la Ciudad de México, que fue suspendida durante el primer semestre de este año.
Para el caso de las elecciones, hay reportes al interior de Morena en el que tienen identificados “focos rojos” al menos tres delegaciones de la capital, pero no porque puedan perderlas o enfrentar una fuerte competencia de la coalición Por la CDMX al Frente, sino porque las tienen señaladas como puntos en los que podría haber violencia.
Estamos hablando, evidentemente, de Cuajimalpa, donde la situación a decir de varios candidatos y políticos es sumamente grave, pero también hay riesgos en Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztapalapa, en menor medida.
De hecho, en Cuajimalpa existen denuncias presentadas ante el Ministerio Público de parte del Partido Acción Nacional. Y están a la espera de las investigaciones que puede realizar la Procuraduría General de Justicia, por un lado, y las autoridades electorales, por el otro.
Y en cuanto el reinicio de la verificación obligatoria para los autos de la capital, habrá que mantener un poco de fe en que los 55 nuevos verificentros podrán cubrir la demanda de autos que antes hacían 74, sobre todo en las fechas en las que tradicionalmente se aglomeran los automovilistas que dejan hasta el final el cumplimiento del requisito.
Ya en 2017 la Asociación Ecológica de Verificación interpuso 14 amparos alegando inconstitucionalidad a la modificación del manual de operación en las líneas de verificación. De esos procedimientos jurídicos, obtuvieron cuatro suspensiones provisionales.
Es cierto, como dijeron en su momento la Secretaría de Medio Ambiente capitalina y la Comisión Ambiental para la Megalópolis, que las concesiones terminaron junto con el 2017 y había que renovarlas.
Ahora contarán con tecnología para la medición de partículas ultrafinas y las condiciones físico mecánicas de los autos; la suspensión en estos primeros seis meses del año obedeció a que era el tiempo que necesitaban los concesionarios para comenzar a operar.
Lo que al parecer olvidaron los funcionarios es el tiempo que se invertirá en revisar cada uno de los automóviles emplacados en la capital. Porque si de por sí es una penitencia acudir a los verificentros para solventar este requisito, indispensable para poder circular en la ciudad, con la revisión tan detallada que harán a cada unidad, será mucho mayor el tiempo que se invertirá.
Nuevamente las autoridades toman decisiones en las que no contemplan las condiciones reales de esta capital, pues si bien es cierto que se requiere comenzar a medir las partículas ultrafinas, también es muy probable que el trámite la mayoría lo deje para los últimos días.
Por lo pronto, requisitos como la revisión de las llantas y el estado mecánico general de los automóviles no influirá en el resultado de la verificación, así como en el tipo de calcomanía que se obtendría, pero la idea es que a futuro así sea, o al menos ese debe ser el sentido, pues sino no tendría ningún caso hacer ese ejercicio.
Es muy probable que crezca la presión social y mediática ante la demanda cada vez mayor por obtener la calcomanía, por la cantidad de vehículos que año con año se suman al parque vehicular, y que omitan o relajen la revisión física.
Además, será otro motivo para la corrupción en los verificentros, pues para nadie es un secreto que basta con pedir ayuda a los encargados para dar “el brinco” y obtener la calcomanía.
