Por Jorge Lara
Twitter @jorgelara1
Cuando preguntamos en las aulas universitarias cuál es la función más importante del poder legislativo, la respuesta, expresada a coro, no se hace esperar: hacer leyes. Con ese ejercicio de mayéutica se inicia una reflexión con el grupo en turno para analizar el origen, razón de ser, funciones y desafíos de dicho poder. Después de rememorar el germen del parlamentarismo moderno con la emisión de la Carta Magna de Juan sin Tierra del 15 de junio de 1215, las gestas revolucionarias de Francia, la teoría de los Pesos y Contrapesos de Montesquieu, la consolidación de las constituciones y los regímenes democráticos, así como las experiencias históricas más relevantes que acreditan la fatalidad que implica la concentración del poder, se procura conllevar a los alumnos a la conclusión: la principal función del poder legislativo no es legislar. En todo caso se reconoce la trascendencia de su rol en la convalidación política de las leyes a través del procedimiento legislativo, en el que por cierto, interviene con un mayor grado de incidencia y robustez técnica el poder ejecutivo. Entonces llega el momento del énfasis profesoral: la principal función del poder legislativo es fiscalizar al ejecutivo, exigirle cuentas, hacer contrapeso.
Nuestro Congreso enfrentó una capitis deminutio impuesta desde el origen del régimen posrevolucionario y no ha logrado superarse hasta ahora. Lo anterior se debe a un diseño constitucional en el que el Congreso carece de facultades suficientes como vigilancia del ejecutivo y a mecanismos de control del poder central, cooptación, falta de reelección legislativa, y amateurismo. En fin, que el Poder Legislativo mexicano no ha asumido ni ha podido desarrollar con todo el vigor y plenitud que se requiere esta función. Ambas Cámaras han tenido desempeños históricamente mediocres en cuanto a exigencia de cuentas y fiscalización tanto de los recursos públicos como de la evaluación de los resultados de las políticas públicas.
Ciertamente han existido episodios en que los grupos de oposición han podido ejercer fuerza relativa, apoyándose más en argumentos cualitativos que en cantidad de curules, para poder avanzar en algunos temas específicos de la fiscalización. Sin embargo, en términos generales el ejecutivo ha usado al Legislativo como una escenografía o como actor secundario para darle lustre a su protagonismo. Para colmo, esto ha sido histórica y sistemáticamente reproducido en los congresos locales, donde ante la falta de reflectores nacionales o internacionales, el subdesarrollo parlamentario es aún mayor.
Consideramos que la oportunidad que se abre con las posibilidades de reelección consecutiva de los diputados de la próxima LXIV Legislatura Federal, la situación puede mejorar… o empeorar. Mejorar, si los diputados y senadores asumen el rol de independencia y crítica que les corresponde o empeorar si son objeto de captura a través de prebendas y ojo, de recursos que les faciliten la reelección.
En la agenda de la fiscalización y exigencia de cuentas hay que anotar como prioridades algunos pendientes: la evaluación del desempeño de los órganos autónomos (en este punto preocupa que el diseño de Fiscalía Autónoma carezca de componentes de rendición de resultados); la medición de la eficacia en el combate a la corrupción y el apabullamiento del Congreso, un órgano relativamente débil en términos presupuestarios, frente a la descomunal maquinaria presupuestaria del Ejecutivo y su excesivo tonelaje comunicacional con un líder con perfil comunicacional desbordado.
Desde luego no se deben soslayar los aportes que los legisladores de perfil técnico pueden brindar en la conformación de iniciativas de ley de avanzada. En los países con democracias consolidadas muchas de las piezas legales más importantes y trascendentes, provienen de la visión y experiencia de los legisladores y los equipos de apoyo (indispensables para toda democracia). Esa vertiente debería incluso fortalecerse con la reelección.
Sin embargo y sobre todo, la apertura de un nuevo episodio en la historia política del país, significada por la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, debe ser la oportunidad de dejar atrás al Parlamento comparsa y devolverle su dignidad como integrador de la representación popular y nacional.
En el desarrollo y ejercicio de esa función el Partido Acción Nacional debe y puede ser el partido que México requiere para contener impulsos autoritarios, transparentar y evaluar las políticas públicas, fortalecer la exigencia de cuentas, para corregir desvíos y acompañar aciertos. Sus diputados y senadores tendrán una misión histórica que seguramente cumplirán a cabalidad.
