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Investigación

El juego electoral del crimen organizado

Las amenazas, atentados fallidos y eficaces contra los políticos, han provocado que al menos un millar de candidatos a diputados federales y locales a senadores, alcaldes y regidores hayan sido sustituidos.

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Por Martín de J. Takagui

En el marco del proceso electoral 2018, que es el más importante en décadas por el número de puestos de elección popular que se renovarán, porque destaca la pugna partidista y porque aparece un puntero a la Presidencia de la República, existe un elemento que difícilmente podrá ser derrotado y que en algunos casos si se ve perdido no dudará en arrebatar lo que sea necesario…

Se trata del crimen organizado, que ha jugado un papel silencioso, no hace propaganda, y le interesa que los votos sean para sus candidatos, sin importar de qué partido sean, pues ha quedado demostrado que la corrupción no tiene partido político.

Hasta ahora, al menos 33 políticos han sido asesinados desde septiembre pasado. Líderes municipales o estatales de los partidos, aspirantes a diversos cargos y candidatos ya en campaña, de todos los partidos, han sido atacados; algunos han logrado sobrevivir, pero entre ellos al menos 16 candidatos y candidatas a alcaldes, a diputados locales y a regidores han perdido la vida.

Las amenazas, atentados fallidos y eficaces contra los políticos, han provocado que al menos un millar de candidatos a diputados federales y locales a senadores, alcaldes y regidores hayan sido sustituidos; en algunos casos los aspirantes simplemente renunciaron y en otros casos solicitaron ser sustituidos.

En números cerrados, el INE ha reportado la sustitución de más de 340 candidatos a puestos federales, como diputados y senadores, en tanto se registran casi 650 cambios de candidatos registrados por las autoridades locales en materia electoral.

Esto quiere decir que más de una cuarta parte de los 3 mil 406 candidatos a puestos de elección popular decidieron retirarse de la contienda, frente al riesgo de ser asesinados en caso de no apoyar las tareas del crimen organizado.

En otro caso, como el de Amacuzac, Morelos, el ex alcalde Alfonso Miranda Gallegos fue inscrito ante la autoridad electoral como candidato a la presidencia municipal por el partido Morena, pero se comprobó que es un viejo delincuente, que además ya había sido diputado local.

Lo grave de este caso es que no solamente se dedicaba al secuestro y que era parte de un grupo delictivo, a saber a las órdenes de su sobrino apodado “El Carrete”, sino que aprovechando su infraestructura criminal quiso sacar ventaja electoral atemorizando a sus contrincantes políticos a través de amenazas, pero en los casos en que no fue suficiente ordenó que los secuestraran, a fin de sacarlos del camino electoral.

Frente a los riesgos de esta situación que combina violencia, propuestas políticas, crimen organizado, narcotráfico e incertidumbre electoral, por lo menos el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, salió ante la prensa para hacer una convocatoria al diálogo, una convocatoria a respetar el Estado de Derecho y a evitar los discursos que provocan encono social.

El llamado político del responsable de la política interior del país es acertado, era necesario y es de esperarse que sea atendido por los candidatos y los dirigentes partidistas, a fin de dar certeza a los votantes.

En los últimos cuatro lustros ha florecido en México una cultura de violencia, de infiltración de gobiernos y de impunidad que, combinada con la corrupción y la amenaza a los servidores públicos de todos los ámbitos, ha prohijado el desarrollo de actividades criminales que lastiman a los ciudadanos, y que igual ponen en riesgo la vida de inocentes servidores públicos de todos los niveles.

Se trata de un fenómeno mucho más grave que el terrorismo o la guerrilla, pues en este caso muchos de los que actúan son servidores públicos presionados por los criminales, y en otros casos son los propios criminales que actúan libremente con la anuencia de los servidores.

Lo que vivimos los mexicanos es algo muy distinto a esos caminos violentos que también son condenables, pero en este caso tienen objetivos finales exclusivamente lucrativos, de impunidad y de libertad para el desarrollo de actividades ilícitas como la venta de drogas, el secuestro, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, la extorsión… que puedan dejar millonarias ganancias ilegales a las organizaciones criminales.

En este proceso electoral se vive la amenaza de esta combinación de violencia, amenazas y crimen organizado, en donde se han escalado todos los límites de los valores humanos y las bandas criminales buscan el poder y el control político-administrativo para preservar los espacios de operación ilegal y de impunidad.

Este fenómeno es impredecible, porque para los criminales no hay partido político de preferencia, lo mismo presionan a un alcalde priista que a un jefe policíaco panista o a un procurador perredista; también tienen intereses en los jueces, sin partido, y entre los diputados locales o federales de Movimiento Ciudadano. México no merece vivir así.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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