Por ser una delegación gobernada por Morena, Xochimilco se convirtió, desde 2015, en un polvorín político, lo cual no pasaba de ser una grilla, incluso hasta divertida, pero cuando el lugar se convierte en un polvorín de gas, la cosa cambia.
Una serie de reportajes publicados por Excélsior acerca de cuatro gaseras que operan clandestinamente en esa demarcación, poniendo en riesgo la vida de más de dos mil personas, debieran ser suficientes para llamar la atención de las autoridades.
Porque, además del inminente riesgo de pérdida de vidas, está el desagradable asunto de que un accidente podría hacer volar las aspiraciones políticas no sólo del delegado Avelino Méndez, sino de las máximas autoridades federales y de la CDMX. No es un tema nuevo, pues al menos desde hace cuatro años tres gaseras de la empresa Mexicana de Gas —que es filial del grupo chihuahuense TOMZA, con presencia en varias partes del país e incluso en el extranjero– operan de forma ilegal en Xochimilco.
Amparada bajo una licencia para distribución de Gas LP, esta empresa usa instalaciones irregulares en terrenos que carecen de uso de suelo, con tanto éxito que les ha dado para expandir su negocio a una cuarta distribuidora también en la zona.
Aunque se amparan en una dudosa licencia, su operación es clandestina y con visos de una gran corrupción, en la que, claramente, participan autoridades locales y federales que, a pesar de las denuncias vecinales y hasta delegacionales, nada hacen.
Un descarado ejemplo es la clausura que el Invea hizo en Prolongación Acueducto 419, colonia La Concha, del pueblo de Santiago Tepelcatlalpan, donde los sellos están pegados de forma vertical, a fin de que las puertas puedan seguir funcionando.
En los establecimientos clandestinos se surten por las noches los microbuses de la Ruta 26, cuyo dirigente Arturo Morales es dueño de ese local.
Al igual que el huachicol, la venta clandestina de gas es un gran negocio en el que está metido el crimen organizado, y las autoridades de todos los niveles cierran los ojos.
Los habitantes denuncian que, además del Invea, han pedido la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, pero que su titular, Tanya Müller, ha hecho caso omiso.
El asunto es delicado e incluso la Comisión Reguladora de Energía, que supuestamente otorgó una licencia a Mexicana de Gas para repartir combustible en la zona, debe salir a decir si es cierto.
Y las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, en lugar de escoltar a las pipas de la empresa, deberían vigilar que los vecinos estén seguros.
Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, si no es por cuidar a los vecinos, al menos porque en estos momentos lo que menos les conviene es que se presente una tragedia que corte sus aspiraciones políticas.
Deben recordar que temas como San Juanico e incluso como las guarderías ABC persiguen a muchos funcionarios hasta la fecha.
CENTAVITOS… En este tema de Xochimilco, el gobierno capitalino debería tomar la batuta, sobre todo ahora que se le despeja otro problema que traía con el estómago revuelto a Miguel Ángel Mancera. Por fin, el juez Fernando Silva dio el visto bueno a la Secretaría de Obras de la capital para continuar con la construcción de la Línea 7 de Metrobús, que lleva casi dos semanas detenida por un amparo de los vecinos de la zona donde va a pasar el último tramo. Así que si lo de la Línea 7 ya se arregló, para qué esperar a que estalle otro problema por las gaseras clandestinas de Xochimilco.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/2017/06/30/1172828
