Por La Mafia en el Poder
El gobierno de Miguel Ángel Mancera lleva al menos dos años agrediendo a los automovilistas de la CDMX mediante multas, prohibiciones para circular, restringiendo la velocidad, los espacios para autos, cobrando altísimas tenecias y un sinfín de cosas.
Es un auténtico calvario obtener, por ejemplo, el refrendo de la tarjeta de circulación, para el que casi piden exámenes de orina y de sangre, pues para llevar a cabo el trámite hay que presentar toda la documentación original del carro.
Ajá, nada más falta llegar con un letrero a hacer una eterna fila a la Semovi –donde casi nunca hay sistema-, para que los ladrones sepan que llevas el auto y los papeles originales por si se lo quieren llevar y venderlo en un lote.
Bueno, después de todas esas agresiones, miles de capitalinos buscaron opciones en las entidades circunvecinas para emplacar y hacer la tramitología, con el legítimo derecho de ahorrar unos pesos y no dejarse robar.
En lugar de apoyar a los ciudadanos, el PRD demuestra una vez más lo alejado que está de las base social al defender los abusivos cobros de su Gobierno, exigiendo desde la ALDF sanciones a las empresas dedicadas a gestionar placas foráneas a quien viva en la CDMX.
A chingá –dijeran las abuelas pelangochas-, ahora resulta que el derecho al libre tránsito y comercio consagrado en la Constitución General de la República vale para dos cosas porque dos diputados Raúl Flores y Leonel Luna quieren que los capitalinos sigan mochándose.
En serio creen que pueden prohibir a los habitantes de la ciudad emplacar donde se les dé su regalada gana y huir de los atracos del gobierno capitalino.
Faltaba más, en las urnas nos veremos.
Las burradas del Metrobús
Seguramente alguna vez se habrá preguntado de qué sirvieron los segundos pisos en el Periférico, donde se avanzaba rápido una buena distancia, y al final se llegaba a un embudo que tardaba en pasarlo casi el mismo tiempo que se ahorró en el trayecto.
O si viaja en transporte público, cómo es que ahora en la Línea 1 del Metrobús, que corre por toda la Avenida Insurgentes, es cada vez más común la imposibilidad para abordar los camiones.
También habrá visto ciclovías en las que prácticamente nadie transita. Bueno, pues la Academia de Ingeniería puso los puntos sobre las íes.
La explicación es que en todo el país, no sólo en la capital, ninguna autoridad tiene la obligación de hacer un estudio de impacto integral.
Es decir, que se evalúe desde antes de aprobar los proyectos qué pasará, por ejemplo, con las rutas de transporte público que transitan sobre Paseo de la Reforma y que tendrán que buscar alternativas ante la entrada de la Línea 7 del Metrobús, si es que en algún momento la logran terminar.
¿Y los estudios de impacto?
Y por cierto, ¿alguien sabe cómo impactarán las emisiones de los autobuses de doble piso o cómo se verán impactadas las colonias y si bastará sólo hacer mejoras de calles y banquetas?
Cómo se podría mejorar o qué se tendría que cambiar en unos años para que la Línea 7 siga siendo funcional, no como la Línea 1, o tantas otras obras de infraestructura vial.
No hacerlo, dijeron sus expertos, resulta en que pueden ocasionar un problema mayor al que se quiere resolver, y vaya que de eso saben los capitalinos.
Claro que saldrán a decir los funcionarios que los estudios están; que la velocidad aumentará, que la contaminación se abatirá, pero lo que quieren los que de verdad saben, es verlos, analizarlos y en su caso mejorarlos.
El problema radica en que los gobiernos tampoco están saltándose algún requisito ni violando alguna norma, simplemente no necesitan un estudio así para arrancar, ni siquiera se los piden en el Fondo Nacional de Infraestructura para soltar las inversiones.
A cualquier le sonaría lógico un estudio que previera eso; cambiar esa situación está en manos de los legisladores.
Y como las grandes obras viales y de transporte sólo las usan para lucirse ellos y los funcionarios, evitar problemas a futuro, lógicamente no les interesa.
*El Irreverente publica de lunes a viernes.
