Empresarios mexicanos lamentaron que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, haya incumplido su palabra sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, y advirtieron que esta decisión envía un mensaje de incertidumbre a los mercados internacionales, inversionistas y ciudadanos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, acentuó que esas consecuencias serán resultado de haber incluido los compromisos del Estado mexicano y quebrar el marco jurídico vigente a través de una consulta ciudadana fuera del marco legal y sin garantías de imparcialidad, neutralidad, y representatividad.
“Una consulta organizada fuera del margen legal no puede ser fundamento legal para revertir una decisión de Estado, con alto grado de complejidad técnica”, argumentó en rueda de prensa.
La respuesta llegó luego del mediodía de este lunes, cuando el próximo Ejecutivo federal confirmó que se respetará la decisión para construir dos pistas en la Base Área de Santa Lucía, rehabilitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y la terminal aérea de Toluca.
Ello, luego de que esa opción resultó ganadora con 69.95 por ciento de los votos registrados en la consulta nacional, la cual se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre.
Castañón Castañón reiteró que este ejercicio no debió ser vinculante “porque nunca tuvo las condiciones para serlo”, y es un mensaje que da incertidumbre al incumplir con los contratos establecidos para realizar la obra, y los proyectos transexenales no tienen ninguna certeza de ser terminados.
“Esto afecta gravemente el prestigio de México en el mundo y a su potencial de atraer inversión nacional y extranjera que generen empleos y oportunidades para las personas”, apuntó.
Sin embargo, los efectos negativos van más allá, manifestó el líder empresarial, al señalar que las consecuencias ya se reflejaron con la depreciación del peso y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores frente otros mercados internacionales.
La cancelación del NAIM en Texcoco también traerá implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, toda vez que el costo real será de entre 100 y 120 mil millones de pesos al país y ese dinero no tendrá ningún destino y será “un atentado contra el patrimonio de la nación”, remarcó.
A ello se suma la pérdida de 45 mil empleos directos e indirectos, lo que se estima tendría un costo de 40 mil millones de pesos por concepto de liquidación, “pero especialmente riesgos reputacionales en perjuicio del país y futuros proyectos que requieren inversión nacional e internacional, como el Tren Maya”, subrayó.
Los abogados analizan la repercusiones legales de esta decisión que es contraria a la expuesta después de haber sido electo el pasado 1 de julio, pues hay riegos incluso al violar los acuerdos internacionales que México mantiene con otros naciones, insistió el presidente del CCE.
A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que la iniciativa privada está preocupada por la pérdida histórica que tiene el país de contar con un aeropuerto de clase mundial.
“El presidente electo (…) nos ofreció no mentir, no traicionar y no robar”, expresó el dirigente patronal, al señalar que López Obrador aseguró que la obra se podría concluir con recursos privados y “hoy ha cambiado de parecer”.
Los empresario añadieron que la próxima construcción en Santa Lucía requeriría volver hacer estudios, licitaciones, inversiones, caminos y, sobre todo dar certeza a la participación al sector privado.
Fuente: Notimex
