Jorge Lara
Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto solamente fueron declarados en abandono bienes incautados al crimen por la cantidad de 20 millones de dólares aproximadamente. Con relación a la extinción de dominio en el mismo lapso de 6 años, la cantidad alcanzada solamente llegó al equivalente de 18 millones de dólares. Dichas cifras contrastan con las centenas de miles de millones de dólares de flujos ilícitos que se generaron en México de 2012 a 2018 y dan cuenta con el colapso del aparato de justicia de nuestro país para esclarecer y reparar daños relativos a delitos complejos, dentro de los cuales uno de los más importantes es el género de los relacionados a la corrupción.
El día de ayer se dio a conocer el Índice de Percepción de Corrupción 2018 de Transparencia Internacional que ubica a México en el lugar 138 de 180 países. Lo anterior significa que estamos ubicados en el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de corrupción.
Como se puede observar los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto han hundido a México en un pozo de corrupción.
Medidas como la creación del denominado Sistema Nacional Anticorrupción dan cuenta con la simulación que ha existido en la materia.
Se habilitaron reformas legales en materia de identificación de lavado de activos y de recuperación de los mismos, sin embargo ninguna de los instrumentos creados al efecto fueron utilizados de manera consecuente, como hemos referido con anterioridad y como da cuenta el reporte de evaluación del desempeño de México realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2017.
Dentro del ciclo de consolidación de la corrupción, destaca el clima de impunidad y los contextos de complicidad que se tejieron a lo largo del sexenio anterior.
No obstante, y de manera ominosa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que su gobierno verá para adelante y que no quiere incurrir en cacería de chivos expiatorios.
Nos parece que, al expresarse así, el Presidente da cuenta con lo que algunos llaman el pacto de impunidad entre PRI y MORENA, reconocido por la presidenta de ese partido como el PRI-Mor.
El daño reputacional que México debe afrontar con la publicación del reporte debe obligar al estado mexicano en su conjunto a tomar acciones decididas para sanear la vida pública y esclarecer los grandes escándalos de corrupción que siguen afectando a la sociedad.
En tal virtud, se impone como tarea común de todos los mexicanos no solo el exigir resultados en el combate a la impunidad en materia de corrupción, sino en buscar formas de participación para abatir las prácticas con las que incurrimos en el ciclo de autores-víctimas de este fenómeno.
La renovación del gobierno y la creación de nuevas instituciones como la Fiscalía General de la República, deben ser aprovechadas para salir del pozo en el que nos encontramos.
