Adrián Rueda
El problema de los trabajadores del Canal del Congreso de la Ciudad de México, que llevan ya un mes sin cobrar, escaló el fin de semana hasta las oficinas de Andrés Manuel López Obrador.
En la mañanera del viernes, el periodista Ricardo Rocha expuso la problemática que enfrenta el proyecto inaugurado en 2015 por la entonces Asamblea Legislativa del DF, y que desde enero permanece en el aire.
En julio de ese año, el pleno de la ALDF nombró por unanimidad a Rocha como director del canal por cinco años —van tres y medio— y le asignó un presupuesto para la operación.
Así marchó hasta el año pasado, que ya con la mayoría, Morena le pidió bajar el switch de las transmisiones, “por onerosas”.
La propuesta de dar fin al proyecto la hizo el 11 de septiembre la entonces diputada electa Ernestina Godoy —hoy procuradora de la Ciudad de México—, a quien ya perfilaban como coordinadora de la bancada.
Sin llegar a un acuerdo concreto, ambas partes acordaron trabajar en la reducción de los 186 millones de pesos anuales que destinaban al proyecto; en noviembre, el periodista propuso reducir a 93 millones, pero en diciembre le dijeron que sólo le darían 30.
Aunado a ello, a partir de enero se dejó de pagar la nómina de los trabajadores del canal, lo cual ha llevado a una serie de encontronazos entre diputados y trabajadores. La última reunión fue el jueves; Rocha fue escuchado por los jerarcas de Donceles y ya.
Por eso, a la mañana siguiente se presentó en Palacio Nacional para exponer en la mañanera su queja ante López Obrador, quien, en menos de dos semanas, ha escuchado quejas de periodistas-empresarios que denuncian maltratos; el otro fue Nino Canún.
El tabasqueño escuchó y dijo que no iba a permitir retención de salarios, aunque no aclaró cómo le iba a hacer para intervenir en cuestiones internas del Congreso de la Ciudad de México, que es el Poder Legislativo, no una dependencia del gobierno.
Sobre este polémico tema, los diputados que apoyan la cancelación del contrato aseguran que el millonario acuerdo otorgado por la desaparecida ALDF es un monumento a las irregularidades, y que los diputados de entonces armaron un gran negocio con ello.
Argumentan que se han asesorado sobre costos de operación de un canal como el que encabeza Rocha y que 186 millones de pesos es un mundo de dinero contra lo que se hace.
Independientemente del desenlace de un problema que a todas luces es de dinero e intereses particulares, parece que las mañaneras de López Obrador se están convirtiendo en una oficina de quejas de todo tipo.
A este paso, en una de esas llega algún marido maltratado a pedir el apoyo presidencial.
CENTAVITOS… Y hablando de falta de pago a trabajadores del Congreso, otro temita que también traen arrastrando los legisladores es el despido de 77 empleados de base que fueron dados de baja desde enero pasado. El despido de este grupo fue porque —según los morenos— sus bases se otorgaron de forma irregular, aunque nadie les explica cuál es la irregularidad. Todo indica que el odio de los pejistas contra todo lo que huela a PRD es más grande que el empleo que da sustento a 77 familias. Tras las protestas en Donceles, prometieron analizar caso por caso —lo que debieron hacer desde el principio—, aunque esto más bien suena a que les van dar atole con el dedo a los afectados, pues en el presupuesto del Congreso para este año no está considerado el pago de plazas que no estuvieran vigentes.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/escalan-despidos-hasta-amlo/1294334
