Patricia Sotelo
“Tengo fe y esperanza que mi hijo está vivo y sus 42 compañeros. No descansaré hasta encontrarlos”. Esta es la frase del perfil de Clemente Rodríguez en Facebook. Su hijo, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, es uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Ese mensaje refleja el sentir de todos los padres y madres que desde hace cuatro años no saben nada de sus hijos.
Ni Clemente ni ninguno de ellos se resigna a nunca más verlos. Confían en que los jóvenes regresarán. Creen, y a eso se aferran, que sus hijos están vivos. Hablan de ellos en tiempo presente. Los esperan con regalos en sus casas y hacen planes para cuando vuelvan.
Eso pudimos apreciar varios colegas y yo cuando reconstruimos las historias de los normalistas para darle rostro a ese emblemático número que nos ha marcado como sociedad. A ese 43 que es el símbolo del dolor de un país por sus miles de desaparecidos. En el libro “Ayotzinapa. La travesía de las tortugas”, contamos la vida y sueños de esos jóvenes, así como el infierno que han vivido sus familias desde su desaparición.
Al caminar las calles, las veredas, los campos donde vivieron; al platicar con sus madres, padres, tías, novias, esposas, amigos, maestros y todos aquellos que los conocieron; al estar en sus humildes casas, escuelas, mercados y, por supuesto, en sus dormitorios en la Normal de Ayotzinapa, pudimos reflejar no sólo sus vidas, sino la estampa de ese México sin oportunidades.
El libro, de Editorial Proceso, se publicó al año siguiente de la desaparición de los estudiantes. Tres años después vemos a esos padres y madres que siguen en la lucha sin haber perdido la esperanza de encontrar vivos a sus hijos.
Pero ¿en qué basan su esperanza? En que no saben qué pasó con ellos. La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, que asegura que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan, fue destruida por el desaseo y montajes que hubo y que fueron evidenciados por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) que investigaron el caso.
Aunado a esto, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desdeñó llegar al fondo del caso, ya que no sólo se rehusó a crear una Comisión de la Verdad a pesar de que un tribunal federal lo ordenó, sino que emprendió una embestida en contra del fallo mediante la presentación de 200 recursos legales por parte de una decena de dependencias federales.
El gobierno les falló a estos padres y madres. Sin embargo, ellos no cesan su lucha y por eso los vemos cada día 26 de cada mes, desde hace cuatro años, marchar para pedir que sus hijos regresen con vida. Se aferran a cualquier posibilidad de encontrarlos en algún lado. Por eso piden que se revisen los cuarteles militares pues creen que el Ejército podría tenerlos encerrados ahí, aunque algunos piensen que esto es descabellado. Pero para una madre o un padre que no sabe dónde está su hijo, ninguna medida es menor, loca, desesperada, para encontrarlo.
Por eso urge conocer la verdad de los trágicos hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Hace unos días se dio un paso importante cuando el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, ordenó reponer la investigación del caso y crear una Comisión Investigadora Extraordinaria, a lo que se había opuesto la PGR al considerar que se invadían sus facultades, aunque se resolvió que esto no es así.
El gobierno de Peña Nieto ya no hará nada al respecto, pues ya se va. Por lo tanto, el próximo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene la obligación de cumplir con lo que prometió y debe ordenar la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia que esclarezca el paradero de los normalistas, y dar, así, un poco de paz a los desconsolados padres y madres de los 43.
