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EVIDENCIAS / Hacia la verdad sobre Ayotzinapa

EVIDENCIAS / Hacia la verdad sobre Ayotzinapa
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Patricia Sotelo

Gran significado tiene que el primer acto de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido la firma del Decreto para crear la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, durante la trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Habla de la voluntad de llegar al fondo del caso y para eso ordenó a las dependencias federales no escatimar información, recursos y apoyos durante las investigaciones e, incluso, proteger a testigos que pudieran proporcionar información relevante.

Pero la tarea no será fácil. Esta Comisión llega en un momento en que las contradicciones entre las diversas investigaciones que se han realizado al respecto dejan más dudas y desconsuelo.

Y es que tres días antes de la toma de protesta del presidente López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos rindió su informe sobre el Caso Iguala, luego de cuatro años de investigación, en el que revivió la llamada “verdad histórica” sostenida, en su momento, por el Procurador Jesús Murillo Karam, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que aseguraba que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos triturados y tirados en el Río San Juan.

Esta versión fue desestimada por los expertos tanto del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes argumentaron, luego de realizar sendas investigaciones, que los estudiantes no pudieron ser incinerados en ese basurero.

Pero con su informe, la CNDH tira las conclusiones de estos organismos al asegurar que en el vertedero de Cocula fueron calcinadas “al menos 19 personas”. El organismo señaló que el material que se encontró dentro de una bolsa recuperada en el Río San Juan, contiene sedimentos que proceden del basurero, y reclamó a la PGR por subestimar este hallazgo y no haber sometido los restos óseos a pruebas de ADN para precisar si los huesos correspondían a los normalistas o no.

Este informe cayó como un balde de agua fría tanto para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos como para los organismos internacionales que investigaron los hechos de Iguala. Significó volver a empezar, seguir con la incertidumbre de lo que sucedió.

En este sentido, la Comisión de la Verdad, que se integrará dentro de un mes con representantes de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, así como de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y expertos en la materia, partirá de una realidad: hubo “contaminación y pérdida de evidencias” por “las omisiones y la actuación indolente de las instancias de procuración e impartición de justicia”, como lo señaló la CNDH en su informe.

¿Por dónde comenzar, cuando hubo desaseo en las investigaciones por parte de la PGR, con pérdidas de pruebas que podrían haber sido relevantes para esclarecer el caso?

Lamentablemente el gobierno de Peña Nieto no sólo se opuso a crear una Comisión para el caso Iguala, sino que su gobierno obstaculizó las investigaciones de los expertos independientes, con lo que se perdió tiempo valioso. Ahora se irá a contracorriente.

Quizá lleve varios meses, incluso años, pero de acuerdo con experiencias internacionales en las que han operado este tipo de comisiones, al final se conoce la verdad.

El presidente López Obrador asumió el caso como “un asunto de Estado” y prometió a los padres y madres de los 43 que se hará justicia y no habrá impunidad. Esperemos que así sea y que se conozca la verdad, por muy dolorosa que resulte, para que el país pueda cerrar este capítulo y se termine la pesadilla de quienes les arrebataron a sus hijos desde hace más de cuatro años.

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