Patricia Sotelo
La consulta convocada por el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si debía continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco o construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, mantener el actual aeropuerto de la Ciudad de México y fortalecer el de Toluca, trajo de cabeza al país. Hay quienes descalificaron el experimento por considerarlo una simulación y hay quienes lo avalaron al estimar que es un avance democrático. Revisemos todas las aristas.
LO BUENO: Es un proceso inédito. Por primera vez en la historia del país se consultó a los ciudadanos sobre una obra importante de infraestructura en la que se invertirán cuantiosos recursos públicos. Nunca antes se había hecho, pues las decisiones han sido tomadas cupularmente por quienes han gobernado el país. Este ejercicio busca promover la democracia participativa que otorga a los ciudadanos una capacidad más activa y directa en la toma de decisiones de carácter público.
LO MALO: Que esta primera consulta puede dejar la impresión de que se organizó ante las contradicciones de AMLO sobre el asunto, ya que en campaña rechazó tajantemente el proyecto del NAIM y prometió que de ganar la Presidencia cancelaría su construcción al quedar evidenciado el gasto oneroso que representaba para las finanzas públicas, el sobrecosto que tuvo y los cuestionables contratos que se dieron a los empresarios; además, de la afectación a las comunidades colindantes y el daño ecológico. Sin embargo, después de ganar la elección presidencial moderó su discurso y se pensó que daría marcha atrás a la cancelación del NAIM, pero al final decidió resolverlo mediante una consulta a los ciudadanos.
Que, además, la defensa que el gobierno de transición hizo del proyecto de Santa Lucía, encabezada por el próximo Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, haya dejado la percepción de que los dados estaban cargados hacia esa opción y que la consulta sólo fue una forma de lavarse las manos para que AMLO no asuma la responsabilidad de las consecuencias de la decisión.
Que la consulta no tuvo fundamento legal. Ninguna ley establece la organización del experimento convocado por el presidente electo, ni la Ley de Consulta Popular ni la Constitución. La misma Olga Sánchez Cordero, ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y próxima Secretaria de Gobernación, dejó en claro que la consulta no era legal, sino “una herramienta” para tomar una decisión política.
Que hubo poca transparencia en la organización de la consulta y que existieron fallas en el proceso de votación, ya que se pudo votar varias veces, por lo que el resultado ha sido cuestionado.
LO FEO: Que finalmente se perciba la consulta como un acto de simulación en el que se haya utilizado a los ciudadanos para echarles la responsabilidad de una decisión que AMLO ya tenía tomada de antemano pero que no quería asumir. Que éstos se puedan sentir usados y no vuelvan a participar más.
APUNTE: Hemos sido un país con una democracia representativa en la que quienes gobiernan deciden “lo mejor para los ciudadanos”. Muchas veces esto no ha ocurrido así. Esas decisiones han privilegiado los intereses de los poderosos por encima del bienestar de la sociedad, desde la construcción de un edificio hasta un megaproyecto, como el del nuevo aeropuerto.
Sería ideal que avanzáramos hacia una democracia participativa. Permitir que los ciudadanos participemos en las decisiones de carácter político sería de primer mundo, pero necesitamos gobernantes y ciudadanos también de primer mundo. Creo que falta mucho para eso, la consulta lo dejó en claro.
¿Estaremos a la altura de lo que significa una democracia participativa? Lo veremos durante el próximo sexenio, pues AMLO ya advirtió que esto de las consultas apenas comienza.
