Patricia Sotelo
El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo tiene 73 años de edad y purga una condena de 37 años de prisión. Su delito fue participar en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985. Pero no hablaremos del historial delictivo del llamado “Jefe de Jefes” o “Padrino” del extinto cártel de Guadalajara. Lo que importa hoy es destacar su edad. Sí, es un adulto mayor, y tan sólo por eso tendrá derecho a la pensión que entregará la Secretaría del Bienestar.
El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores incluirá a todos los presos del país mayores de 68 años. No importa el delito que hayan cometido: si asesinaron a alguien, violaron, robaron, traficaron droga, etc. Recibirán dos mil 550 pesos cada bimestre.
La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que están levantando el censo de los adultos mayores que se encuentran recluidos en todas las cárceles del país, para incorporarlos al programa, ya que es de carácter universal y no contempla excepciones.
Surgen varias preguntas: ¿por qué un preso tiene derecho a recibir una pensión que se cubre con el dinero de los ciudadanos que pagan sus impuestos? ¿Les van a dar una tarjeta bancaria? ¿Cómo van a cobrar ese dinero?
El espíritu del programa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es brindar un sistema de protección social que garantice la vejez digna y plena a las personas adultas mayores, y que cubra a quienes no tienen una pensión contributiva, es decir, del IMSS o del ISSSTE. Se entiende que esto aplique para quienes gozan de sus plenos derechos en libertad, pero ¿es igual para alguien que está en prisión?
En declaraciones a la prensa, la subsecretaria Montiel dijo que han detectado a más de 200 reclusos en los centros penitenciarios federales que entrarían en el programa de acuerdo a su edad, pero faltan censar las cárceles estatales y municipales. Esto es, se incorporarán al programa los presos de los penales de baja, mediana y máxima seguridad.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en julio de 2017, hay dos mil 800 presos que tienen más de 66 años de edad, por lo que el gobierno federal tendrá que destinar aproximadamente 40 millones de pesos anuales para cubrir su pensión.
Ahora bien, de acuerdo con el mecanismo de entrega de las pensiones, el dinero llega directamente a los beneficiarios a través de una tarjeta. Pero ¿cómo le van a hacer con los presos para cobrar, ya que ellos no tienen acceso a los bancos? ¿Las autoridades del penal les van a dar el dinero en efectivo? Se supone que no quieren intermediarios.
El tema es polémico, como lo ha sido la política social del presidente López Obrador basada en entregar dinero en efectivo a estudiantes, a las madres que llevaban a sus hijos a las estancias infantiles, a personas con discapacidad, ancianos, etc.
Pero en el caso de los presos, la controversia surge porque se trata de personas que han delinquido, que cometieron algún crimen y están pagando la pena que les corresponde. No sé que opinen las víctimas de los delincuentes. ¿Les conmoverá el hecho de que sus victimarios estén en la edad de la vejez?
Por lo pronto, el capo Félix Gallardo tendrá su pensión, y en unos años también se beneficiarán el llamado Mochaorejas, quien fue condenado a 393 años de cárcel por secuestro y homicidio, y la famosa Mataviejitas, quien asesinó a unas 40 ancianas y fue sentenciada a 459 años de prisión.
No sé si los delincuentes que son adultos mayores necesiten la pensión del gobierno federal o la merezcan, pero es un hecho que tendrán derecho a recibirla.
¿No sería mejor invertir en mejorar los penales del país y la seguridad al interior de los mismos?
