Patricia Sotelo
Acudí a refugios para mujeres maltratadas. No como víctima, afortunadamente, sino como parte de mi trabajo. Hace unos años realicé un reportaje sobre estos sitios que para muchas mujeres son literalmente su salvación, a donde llegan aferradas al último halo de esperanza.
Escuché historias desgarradoras de mujeres que aguantaron por años los golpes de sus esposos porque no sabían qué hacer si dejaban sus casas, ya que no trabajaban y no sabían a donde ir. Aguantaron por sus hijos, porque si se iban con ellos no podían mantenerlos. Aguantaron por miedo, porque si denunciaban a sus parejas ante la policía ésta no hacía algo y, entonces, regresaban a sus casas donde les esperaba otra golpiza por haberlos denunciado. Callaron, incluso, abusos a sus propios hijos.
El problema de las mujeres maltratadas es que viven con sus agresores. Las víctimas duermen con su enemigo. Por eso, los refugios son un espacio de salvación, donde esas mujeres pueden curar sus heridas físicas y sicológicas lejos del ambiente agresor.
Visité el refugio que dirige Lydia Cacho en Cancún, Quintana Roo, y uno en Monterrey, Nuevo León. Se trata de lugares “secretos”, bien resguardados, con el fin de que los agresores no encuentren a sus víctimas. Hay refugios en todo el país.
En estos centros las mujeres y sus hijos reciben atención médica, sicológica y legal. Son lugares con cuartos donde hay camas, baños y comedores. Les dan comida y ropa. Ahí las protegen y apoyan mientras se recuperan y deciden qué hacer. También las capacitan en algún oficio, a fin de que puedan emplearse y ser independientes. Son espacios de esperanza.
Para operar, los refugios cuentan con el apoyo de recursos públicos. Por eso, fue un escándalo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera decidido retirarles ese apoyo dentro de su cuestionable plan de ya no entregar dinero del erario a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sean quienes sean y hagan lo que hagan, y dar el recurso directamente a los beneficiarios.
Pero gracias a las reacciones que hubo de diferentes sectores sociales y políticos para advertir que esa medida dejaría desprotegidas a las mujeres y sus hijos que viven en situación de violencia, el gobierno reculó y decidió mantener el apoyo.
¿Cuántos de estos errores va a cometer el gobierno de AMLO con su política de medir con el mismo rasero a todas las OSC y quitarles el recurso con el que operan? Es cierto que muchas de ellas han sido nicho de corrupción, al inflar padrones de beneficiarios o realizar gastos que no tienen relación con el objetivo de su labor.
Recordemos el escándalo que surgió en 2004 cuando se reveló que la asociación antiabortista Provida gastó en tangas, sostenes y plumas de lujo, y que luego de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación se demostró un desvió de 25 millones de pesos. Su entonces presidente, Jorge Serrano Limón, fue encarcelado en 2016 acusado de peculado.
También se han publicado investigaciones periodísticas que dan cuenta de asociaciones que recibieron millonarios recursos por parte de los gobiernos del PRI y del PAN y que pertenecen a empresarios poderosos, entre ellos Ricardo Salinas Pliego (flamante asesor de AMLO) y la familia Servitje, pero también a funcionarios públicos y políticos.
Sin embargo, hay otras asociaciones que han hecho mucho por la sociedad y sobre todo, por los grupos más vulnerables, que apoyan a comunidades indígenas, defienden víctimas de violaciones a derechos humanos, ayudan a personas con discapacidad, enfermos de sida, cáncer, al medio ambiente, etc.
Por eso el gobierno federal no puede medir con el mismo rasero a todas las OSC. Sí, que las limpie. Sí, que elimine a las que lucran con el dinero público. Sí, que aplique mecanismos de control y transparencia más eficientes. Pero que no paguen “justos por pecadores”, como dijo AMLO. Sería muy grave. Por eso #SíConLasOSC.
Foto: actitudfem.com
