Alejandro Zuñiga
@TuFantasma
La semana pasada, en medio de la nata de contaminantes que encapsuló a los capitalinos y acaparó los espacios noticiosos, surgió una propuesta interesante para frenar al llamado cártel inmobiliario que tanto ha dañado a la Ciudad de México y a sus habitantes.
Cada que se edifica un nuevo inmueble sin la debida planeación y fuera de la ley, la ciudad se vuelve más frágil, inhumana, caótica, vulnerable -sobre todo a los sismos- y quienes vivimos en ella perdemos calidad de vida y corremos más riesgos.
La propuesta para detener el desarrollismo inmobiliario que antepone la ganancia económica a cualquier cosa, la formuló el ex diputado local y ahora alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra.
El gobernante morenista anunció que presentará una iniciativa de ley, para que le sea aplicado el principio de extinción de dominio a los desarrolladores que construyen al margen de las normas vigentes.
La iniciativa apenas toma forma en una mesa de diálogo, dijo el alcalde, pero adelantó que prevé modificar la Ley de Desarrollo Urbano local y el Código Penal, como alternativa drástica para desterrar la corrupción en el sector inmobiliario, que opera con la complicidad de gestorías, y de algunos jueces y magistrados desleales con su responsabilidad social.
Apunta a establecer en la ley que quienes violentan los sellos de clausura o de suspensión en una obra, sean sancionados penalmente, porque hoy solo se hacen acreedores a faltas administrativas que no les representa ni un rasguño.Es más, algunas sanciones hoy se aplican contra quien quebrante los sellos y, la mayor de las veces, los desarrolladores utilizan a la parte más delgada y vulnerable de la cadena: el albañil, a ellos les ordenan romper sellos o meterse a laborar en obras suspendidas o clausuradas.
Existe un hartazgo generalizado de la población por el abuso de estos constructores y gestorías especializados en darle la vuelta a la legalidad y salirse con la suya. Lo más grave es el impacto y los daños que le ocasionan a la ciudad: al sistema hídrico, eléctrico, de movilidad, al medio ambiente y a la sustentabilidad al colapsar los servicios en las zonas con mayor plusvalor de la capital.
Las afectaciones alcanzan dimensiones insospechadas y la única forma de detenerlas es generando nuevas reglas para una convivencia ordenada, equilibrada, justa, basada en el respeto de las leyes.
La idea es que paguen con cárcel el daño a la sociedad y con hasta la enajenación del bien, en los casos más graves donde se acredite flagrancia.
Un día antes de proponer la extinción de dominio para los desarrolladores corruptos, Romo denunció junto con la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, el modus operandi de un despacho de gestores denominado ASJUFI, especializado en edificar desarrollos inmobiliarios de manera tramposa e ilegal. Los operadores de ese despacho ofrecen a inversionistas edificar potencialidades, por encima de las que establecen los planes de desarrollo urbano de las colonias.
Operan en las alcaldías donde es más elevado el valor del suelo y en consecuencia sus ganancias son millonarias. Veremos si la iniciativa contra el cartel inmobiliario que presentará Romo, suma los suficientes aliados para detener tanta impunidad en la edificación de obras en la Ciudad de México.
Un sondeo con 10 conocidos avaló por unanimidad la propuesta de Romo, de equiparar la construcción ilegal con los delitos de delincuencia organizada y trata de personas, dadas las afectaciones que le provocan a la ciudad y a sus habitantes. Pronto veremos si la iniciativa Romo tiene eco, o la desechan y esperan a que la Ciudad de México, junto con sus habitantes, sea abatida por otro fenómeno natural como los S-19, que nos recuerdan lo vulnerables que somos cuando no hay respeto a la planeación urbana.
