Jorge Alberto Lara
El sábado 3 de agosto se suscitó un ataque armado en contra de un grupo de personas en un centro comercial de El Paso, Texas, considerada una de las ciudades más seguras de la unión americana. La información hasta el momento indica que la agresión fue motivada por motivos de odio racial en contra de los mexicanos. De hecho de las 21 personas que han resultado fallecidas, ocho de ellas son efectivamente ciudadanos de nuestro país.
Las autoridades mexicanas han respondido expresando su repudio al atentado, calificándolo de terrorista y han enunciado algunas acciones consecuentes.
Considero que esta desgracia se presenta como una oportunidad invaluable para honrar a las víctimas y a la vez, impulsar cambios profundos en diversos aspectos de la agenda bilateral.
En primer lugar, lo más relevante resulta el poder llegar al esclarecimiento de los hechos. Desde luego que será importante el conocer las razones y antecedentes que llevaron a Patrick Crusius a privar de la vida de manera artera a un grupo de personas inocentes. Sin embargo, las investigaciones deben de ir más allá del caso concreto, derivado del clima de agresión y xenofobia que cunde en el país del norte.
Así como en días anteriores, posteriormente a su reunión con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard señaló que se constituiría un grupo de trabajo binacional para analizar el caso del decomiso de bienes millonarios de Joaquín Guzmán Loera, ordenado por el Juez Brian Cogan, creo que es pertinente que a propósito de las investigaciones del tiroteo en Texas, también se ponga sobre la mesa la creación de un equipo con representantes de los dos países.
Además de abrir una carpeta de investigación por el delito de terrorismo en México, Ebrard también ha señalado que se solicitará la extradición de Crusius para se juzgado en México.
Al respecto es importante recordar que lejos de lo que mucha gente piensa, la extradición es una determinación de orden político. Lo anterior en virtud de que se trata de la cesión de facultades de orden soberano como lo es el procesamiento y enjuiciamiento de una persona por parte de una jurisdicción nacional.
Desde el punto de vista jurídico, la solicitud de extradición será factible. Las razones para afirmar lo anterior derivan de que en este caso se cometieron delitos en perjuicio de mexicanos y por la causa probable del terrorismo, en contra de la seguridad nacional de nuestro país.
El procedimiento a seguir sería el siguiente, una vez que de las indagatorias que alimenten la carpeta en México, con información que vía asistencia jurídica internacional pueda llegar al Ministerio Público, la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar a un juez una orden de aprehensión. Con dicha orden, la FGR pide a la cancillería que transmita la solicitud a las autoridades de los Estados Unidos, con base en los tratados que se tienen suscritos en la materia, así como en el principio de reciprocidad internacional. En aquel país, las fiscalías involucradas tomarían la decisión técnica de la procedencia y las autoridades federales la determinación política.
Dado que en el lamentable suceso también hubo víctimas de nacionalidad estadounidense, y que al haber acaecido el hecho en Texas, es altamente probable que los investigadores de allá se rehúsen a ceder al imputado. Lo más probable es que quieran asegurar un proceso ejemplar y que por la legislación aplicable, intenten solicitar con altas probabilidades de éxito la pena de muerte.
Dado ese escenario, la solicitud de extradición sería un acto necesario pero simbólico.
No obstante, el episodio debe servir para abrir cauces amplios para se tomen determinaciones por todas las autoridades para que jamás se repita un atentado de estas características.
